El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, convocó para las 11 al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para que preste declaración de forma presencial y responda sobre el espionaje ilegal macrista durante el año 2017, en el marco de su rol dentro del "Proyecto AMBA", la iniciativa por la cual la agencia de inteligencia se expandió con nuevas bases en territorio bonaerense.
Según considera la Justicia, desde esas bases se realizaron las tareas de espionaje ilegal macrista contra una gran cantidad de organizaciones sociales, sindicales y políticas, todo durante el marco de las elecciones legislativas del año 2017, algo que para el magistrado no resultó ser una mera casualidad.
El juez de Dolores consideró que Arribas fue "El funcionario que ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires", es decir, la dirección a cargo del "Proyecto AMBA".
En cuanto a la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, quien declarará el miércoles, Ramos Padilla informó en una resolución: "Por su parte, la subdirectora Silvia Majdalani habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes".
Tras el pedido del magistrado a quienes están a cargo de la intervención de la AFI, le acercaron dos discos rígidos en los cuales se encontraron más de 50.000 archivos entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron de las bases de la agencia en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin y que aún no fue analizado en profundidad.
Con el "Proyecto Amba" se espiaron de manera ilegal y a disposición del gobierno de Mauricio Macri, de quien Arribas es íntimo amigo, 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos y organizaciones de trabajadores.
Ramos Padilla escribió en su resolución: "En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires".
Además, se cree que se realizaron tareas de espionaje ilegal hasta en merenderos y comedores.
