El Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand volvió a quedar en el centro de la polémica luego que se conociera una grave denuncia por presunto encubrimiento de exfuncionarios de Cambiemos investigados por hechos de corrupción.
La denuncia formal fue presentada por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, quien acusó al funcionario de “encubrir” a funcionarios del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que cometieron serios hechos de corrupción.
Esos otros denunciados son el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
¿Cuál es el eje de la denuncia contra Julio Conte Grand?
"La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal", dijo González. Y también los acusó de "exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita".
En su denuncia, González dijo que esos hechos "se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales", lo que, afirmó, evidencia "la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General".
Para la diputada, durante la gestión macrista se conformó "un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión".
Remarcó que "un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago".
Para González, el fiscal a cargo de esa causa, "decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos", lo que considera "un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Río Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares".
La demanda fue radicada en el juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó que "la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".
González indicó que "se toparon con su propia torpeza" y que la pericia "demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas". La diputada aporta el informe técnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita al Astillero Río Santiago, realizada el 8 de febrero de 2019.
Añadió que hubo "un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares" en 2016.
González dijo que desde que asumió Conte Grand hubo un plan para cometer "actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción".
La denuncia por la Mesa Judicial y el juicio político a Conte Grand en suspenso
A principios del año, el Frente de Todos decidió impulsar el juicio político contra Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, a quien acusan por "mal desempeño en ejercicio de sus funciones".
La presentación había sido anunciada en conferencia de prensa los diputados César Valicenti, Susana González y Rubén Eslaiman, en la que vincularon al Jefe de los Fiscales de la provincia de Buenos Aires a "una dinámica política, mediática y judicial de las que fuimos víctima todos" y que tradujeron como "un método de persecución" y "espionaje" sin el cual, aseguraron, "no se podría haber avanzado en un proyecto económico y político", en referencia al de Cambiemos.
Si bien el oficialismo intentó hacer avanzar el expediente en la Cámara Baja, se encontró con la resistencia de Juntos y de otros sectores de la oposición que empantanaron el tratamiento del proyecto en el recinto.
