El sector pesquero marplatense manifestó su “profunda preocupación” por las modificaciones que propone el Gobierno Nacional en la Ley Federal de Pesca N° 24.922, que forma parte del paquete de reformas que elevó el Ejecutivo al Congreso este miércoles. La principal incertidumbre tiene que ver a los artículos 26° y 27°, relacionados a los permisos de pesca y las cuotas de captura, respectivamente, que ahora el Gobierno Nacional busca modificar.
En el primer ítem, la normativa vigente establece que se priorizará para el otorgamiento de los permisos a “los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje”; aquellos construidos en el país y su menor antigüedad; y que agreguen “mayor valor al producto final”.
En su reemplazo, el Gobierno Nacional propone en la “Ley Ómnibus” que para el otorgamiento de los permisos “la autoridad de aplicación sólo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques”.
Una de las voces locales fuertes en dar cuenta de las implicancias de los cambios que quiere introducir el gobierno fue el concejal Juan Manuel Cheppi. “Milei quiere regalar nuestro mar y permitir una competencia desleal con países con trabajo esclavo. Viola nuestra soberanía y afecta duramente a una industria clave para todos los marplatenses”, describió sin medias tintas el edil en su cuenta de X (ex Twitter).
“Con esta medida, todos los barcos chinos que hoy depredan nuestro recurso en la milla 201 los vamos a tener pescando frente a nuestras playas”.
Puntos muy preocupantes
Justamente esa es una de las cuestiones más preocupante que detalla Cheppi. Es que, según la normativa enviada por Milei, las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.
Cabe recordar que el artículo 27° de la ley vigente dispone parámetros similares para la asignación de las cuotas para cada permiso de pesca. Se toman como prioridad ítems como la cantidad de mano de obra nacional ocupada; inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y el número de productos pesqueros elaborados por buque.
El proyecto del Gobierno Nacional, en cambio, apunta a un cambio sustancial en este artículo, que incluso genera más preocupación en el sector: se establece que las cuotas de captura serán asignadas “a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”. Esto abriría la participación de empresas extranjeras.
