Los representantes del bloque La Libertad Avanza, encabezados por Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y su líder, Oscar Zago, han suscitado la atención en las últimas horas al presentar formalmente un proyecto de ley que busca derogar la actual normativa (Ley 27610) que regula la interrupción voluntaria y legal del embarazo, así como la atención postaborto en La Libertad Avanza.
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Este nuevo proyecto, respaldado por el bloque oficialista, propone sanciones significativas, que oscilan entre tres y diez años de reclusión, alcanzando incluso hasta quince años en casos en los que la práctica resulte en el fallecimiento de la mujer. La propuesta incluye modificaciones al artículo 86, que regula la participación de profesionales en abortos, introduciendo cambios sustanciales en la normativa vigente.
Una de las controversias más destacadas es la eliminación de la causal de no punibilidad para los casos de aborto resultantes de violación. Los proponentes sostienen que esta medida busca evitar interpretaciones que podrían justificar la práctica, manteniendo un enfoque punitivo hacia la interrupción del embarazo. Es importante señalar que la revisión de la legislación sobre el aborto fue un tema central durante la campaña presidencial y fue abordado por el presidente Javier Milei en el Foro de Davos.
Fuerte desaprobación contra el proyecto que busca derogar la ley del aborto legal
En respuesta a esta iniciativa, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó su descontento, subrayando que la IVE es un derecho fundamental relacionado con la salud pública. Patricia Bustamente, integrante de la Campaña, considera que "la aprobación de este proyecto violaría el compromiso del Estado con los derechos humanos por la lucha histórica que llevó al reconocimiento de la IVE como un derecho vinculado a la salud pública, los derechos humanos y la justicia social".
Por otro lado, Actrices Argentinas también expresó su rechazo a la propuesta de derogación. En sus declaraciones, enfatizan la importancia de la educación sexual y la prevención para evitar abortos, defendiendo la consigna "No volveremos a la clandestinidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. #AbortoLegal #EsLey".
Asimismo, el colectivo Ni Una Menos repudió la iniciativa presentada por algunos diputados de La Libertad Avanza y convocó a una asamblea para organizar un paro feminista el 8 de marzo. Lucía Cavallero, del Ni Una Menos, destaca que "la agenda de la organización se centra en la lucha contra el ajuste económico, el DNU y en la defensa del aborto legal seguro y gratuito", afirmó.
Además, Marisa Herrera, abogada feminista y profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, planteó interrogantes sobre el momento elegido para presentar este proyecto oficialista, cuestionando si es oportuno tras el revés legislativo del proyecto de Ley Ómnibus. "¿Es el momento adecuado tras el verdadero golpazo legislativo que resultó el regreso a comisión del proyecto de Ley Ómnibus? ¿El debate por la autonomía de los cuerpos de las personas gestantes vendría a ser una excusa para distraer por parte de un Gobierno que a menos de dos meses, se lo observa sin rumbo y con internas, desacuerdos e improvisaciones feroces?"
Finalmente, la abogada enfatizó que la intención de revocar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "fue manifestada durante la campaña del actual presidente, quien antes se identificaba como libertario". Señaló que un claro indicio de esta postura antiaborto es la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro. Barra, conocido por respaldar casos contrarios al derecho al aborto, expresó públicamente su oposición al aborto legal.
