El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, sigue sin acatar las resoluciones judiciales que le ordenan garantizar el derecho a la alimentación de quienes asisten a comedores comunitarios.
En una situación que parece sacada de un mal guion, la cartera a cargo de Pettovello no solo incumplió fallos judiciales, sino que también desoyó sus propias disposiciones internas, como la que publicó el 2 de diciembre, donde prometía “dar cumplimiento” al fallo del juez Enrique Lavié Pico, quien le ordenó incorporar a 66 comedores al Programa Alimentar Comunidad en un plazo de tres días. Pero nada cambió. Ninguno de los comedores recibió lo prometido.
Uno de los ejemplos más alarmantes es el caso del comedor Mártires Populares, que forma parte de la Fundación Isla Maciel. Este comedor no solo forma parte de un programa alimentario, sino que además pasó por varias inspecciones sin recibir el apoyo financiero que le corresponde, a pesar de estar en regla.
Lo mismo ocurre con otros 54 comedores, que demostraron tener toda la documentación al día y aún no han recibido respuesta alguna. Ante esta situación, los afectados presentaron una nueva acción judicial en la que exigen sanciones contra la ministra Pettovello.
Un año de promesas rotas y comida que nunca llega
Desde que Pettovello asumió su cargo, hace más de un año, el Ministerio de Capital Humano dejó de entregar alimentos a los comedores y merenderos vinculados con movimientos sociales, que antes formaban parte de distintos programas alimentarios. Estos espacios, que ofrecían alimentos a miles de personas en los barrios más necesitados, hoy enfrentan una ausencia total de recursos. La acusación de "comedores fantasmas" ha sido la respuesta del Ministerio, mientras que la ministra, por su parte, recurrió a un intermediario: la fundación CONIN.
A lo largo de 2024, el fuero contencioso administrativo dictó cinco órdenes judiciales para que el Ministerio distribuya alimentos, en su mayoría respaldadas por el fallo que condenó al Estado y advirtió que ninguna medida gubernamental puede empeorar las condiciones de la población, según los estándares internacionales de derechos humanos. En cada uno de esos fallos, el tribunal recordó que el acceso a la alimentación es un derecho garantizado por la Constitución. A pesar de esto, ni Pettovello ni otro funcionario del Ministerio han sido sancionados por los reiterados incumplimientos.
La continua evasión de responsabilidades
A principios de enero, -tal como reflejó Data Diario- el juez Lavié Pico habilitó la feria judicial a pedido de las organizaciones sociales, quienes llevaban un mes esperando que se cumpliera con el mandato de incorporar a 66 comedores al programa Alimentar Comunidad. El magistrado había dejado claro que, si en 72 horas no se hacía nada, se aplicarían sanciones, como multas personales. Sin embargo, la respuesta del Ministerio fue una simple publicación de una nueva resolución en la que afirmaba haber acatado el fallo, pero sin realizar ninguna acción concreta.
Por otro lado, la Federación de Cooperativas de Reciclado también presentó una solicitud para que se incluyeran a 54 comedores adicionales en el programa, pero nuevamente, la respuesta fue nula. A pesar de que a finales de diciembre reclamaron el cumplimiento de la medida cautelar, el Ministerio impuso nuevos requisitos y pidió más documentación. Así, ya han pasado casi dos meses sin que se resuelva nada.
Nuevo reclamo urgente: una maniobra dilatoria
Esta semana, el CELS y la UTEP presentaron un nuevo reclamo ante la justicia, denunciando que el Ministerio de Capital Humano actúa con "mala fe". A pesar de asegurar que los programas para garantizar el acceso a la alimentación están vigentes, en la práctica se está obstaculizando el acceso de los comedores comunitarios a ellos. Según las organizaciones, el Ministerio no respeta los principios básicos del derecho administrativo, dilata el cumplimiento de las medidas judiciales y pone en riesgo el derecho a la alimentación de los más vulnerables.
En su presentación, las organizaciones exigen tres medidas concretas:
- Que se incorpore a los 54 comedores de la Federación de Cooperativas de Reciclado a las políticas alimentarias vigentes, bajo la amenaza de sanciones diarias.
- Que se apliquen sanciones retroactivas a la ministra Pettovello por el incumplimiento respecto de los 66 comedores de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros.
- Que se transfieran con urgencia los fondos correspondientes al comedor Mártires Populares, gestionado por la Fundación Isla Maciel, que alimenta a más de 600 personas diarias, entre ellas 390 niños y niñas.
El incumplimiento sistemático y el riesgo a derechos fundamentales
El texto presentado ante la justicia es claro: la conducta del Ministerio de Capital Humano refleja un incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales. Este comportamiento, caracterizado por maniobras dilatorias, imposición de requisitos innecesarios y falta de respuestas, no solo transgrede principios básicos del derecho administrativo y la buena fe procesal, sino que también pone en peligro derechos fundamentales, como el acceso a la alimentación.
Las organizaciones sociales exigen medidas sancionatorias inmediatas para garantizar que se cumplan las resoluciones judiciales y se respeten las obligaciones del Estado en los programas sociales. Mientras tanto, los comedores y sus beneficiarios siguen esperando una respuesta, que parece llegar cada vez más tarde, mientras la situación empeora.
