La justicia federal de Dolores procesó y trabó un embargo de 12 millones de pesos a dos exfuncionarios del municipio de Pinamar, de la gestión del intendente macrista Martín Yeza, por el presunto fraude en perjuicio del Estado nacional cometido con tarjetas del Plan Alimentar, informaron fuentes judiciales.
La medida fue tomada por el juez Martín Bava y recayó sobre el exsecretario de Desarrollo Social y Deportes, Javier Simón Tumas (44) y la exdirectora de Gestión y Control Territorial, Nora Analía Ponce (47).
Los dos exfuncionarios del municipio de Pinamar están acusados de por acción o severa negligencia, imprudencia u omisión consiente, participar de una asociación ilícita.
Los imputados quedaron procesados, pero sin una medida privativa de la libertad, por no custodiar las tarjetas que la Administración Pública Nacional había enviado al municipio para beneficiar a personas necesitadas con el Plan Alimentar.
Como se recordará, semanas atrás, el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, -como informó en exclusiva Data Diario- el Municipio de Pinamar "debe devolver" más de dos millones de pesos por un presunto fraude cometido con la Tarjeta Alimentar.
El funcionario le envió una carta documento al intendente macrista de esa exigiéndole el "reintegro" de los fondos desviados que la Justicia investiga bajo la carátula de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
En el marco de esa casusa, en marzo pasado, dos funcionarias municipales fueron detenidas acusadas de desviar fondos, utilizando un posnet para realizar compras falsas con las Tarjetas Alimentar cuyos montos -más de dos millones de pesos- fueron transferidos a sus cuentas personales en el Banco Provincia.
Por ello, Cuattromo envió una carta a la comuna en su carácter de Presidente del Bapro en la que informó la decisión de intimar "al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio (de Desarrollo Social) citado de la suma (...) que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $2.050.990".
De ese modo, el titular del Banco expresó que "en pandemia firmamos convenios con los municipios para que sean los municipios los encargados de entregarlas".
"El Municipio firmó un convenio que indica que ellos se hacen cargo de la tutela de las tarjetas, por lo que es responsabilidad de la administración municipal, que tiene que devolver los fondos", planteó el funcionario.
"Se solicitó el reintegro de los fondos que fueron sustraídos de las tarjetas Alimentar por empleados municipales", finalizó.
