En este comienzo de año, el Gobierno de Javier Milei, confirmó que prorrogará 40 mil contratos de empleados estatales pero cuya duración está limitada hasta el 31 de marzo. Mientras tanto el requisito para darles continuidad será que aprueben el examen de idoneidad y que sus respectivos jefes de área los consideren indispensables para las tareas que se desarrollan.
Son los contratos encuadrados en el artículo 9 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y que se vencieron el último 31 de diciembre. Es el tipo de contrato por tiempo determinado, que no necesita formalmente un despido para no continuar, ya que una vez vencido exime de responsabilidades a los funcionarios que toman la decisión de no renovarlos.
Asimismo, son contratos cuya finalización deja al agente empleado prácticamente sin derecho a reclamar indemnización, por lo que se trata de una situación devastadora para quien es expulsado del estado. Se los llama de "planta transitoria", pero la realidad es que son miles y miles que están hace años bajo ese tipo de contratación y que normativamente deberían haber pasado a planta permanente dentro de los años que cumplieron.
De acuerdo a los datos que proporcionó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta fines de noviembre se produjo la desvinculación de 35.936 trabajadores, de los cuales 21.408 eran de la administración centralizada y descentralizada, otros 2.577 personal militar y de seguridad y 11.951 de las empresas del Estado.
Exámenes de idoneidad
En el mes de diciembre se pusieron en marcha los exámenes de idoneidad, impulsados por el ministerio de Desregulación, cuya aprobación es el requisito para la continuidad. El test se divide en tres niveles, según el tipo de tareas realizadas: servicios generales, administrativos y profesionales.
Se realizó una prueba a 9.000 empleados públicos hasta mediados de diciembre, con un alto índice de aprobación (95%) en el primer intento. Aunque se ofrecen tres oportunidades para aprobar la prueba, la gran mayoría lo logró en la primera. La decisión final sobre la necesidad de cada empleado en su puesto recae en los responsables de cada organismo público. Sin embargo, aunque aprueben la prueba, no se garantiza la continuidad laboral.
Se plantea la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo dentro del Estado, con el objetivo de reconfigurar las escalas salariales. La finalidad de esta reconfiguración es disminuir las diferencias salariales entre los distintos sectores del Estado, buscando una mayor equidad.
Fuentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado manifestaron igualmente su preocupación por la no renovación de contratos que se produjeron en los últimos días de diciembre. Según ATE son más de 57 mil los empleados que no pertenecen a la planta permanente, no solamente los 40 mil del artículo 9, ya que se deben contabilizar a quienes son monotributistas bajo locación de servicio y a los que dependen de los entes cooperadores, como en el caso del convenio entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de Concesionarios del Automotor de la República Argentina (ACARA).
