El fin de 2023 activó los primeros llamados de atención para los trabajadores estatales de Córdoba. Una alarma que se activó temprano fue la aprobación, sobre el cierre del año, de un paquete de reformas para recortar un 2% del salario de los trabajadores públicos con el pretexto sostener la operatividad de la Caja de Jubilaciones. A eso se le agregó otra quita del 1% para apoyar el desfinanciamiento del Apross, la obra social provincial. Lejos de contentarse con ello, el gobernador Martín Llaryora avanzó en los últimos días con el despido masivo de empleados de la administración pública en toda la provincia.
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Así lo denunciaron este viernes más de 20 gremios mediante un comunicado, donde exigen la “inmediata reincorporación” de los cesanteados y alerta que entre los echados hay incluso algunos casos con tutela sindical.
En espejo con el presidente libertario Javier Milei, el gobernador “peronista” de Córdoba dio de baja 600 contratos y los gremios provinciales proyectan que su objetivo es cesantear entre 2.000 y 2.500 estatales en toda la provincia, situación que afectará particularmente al sector de la salud.
El documento, bajo el título “Basta de despidos. ¡Que el ajuste no lo paguen los trabajadores!”, aseguró que en la mayoría de los casos se trata de empleados que tienen hasta cuatro años de antigüedad y otros que pasaron a contrato en el último año después de haber revistado bajo diversas formas precarias de contratación durante períodos de hasta 12 años consecutivos.
Para los gremios, Llaryora se volvió “el Milei cordobés”
Para los gremios estatales la decisión, además de ser arbitraria y “hecha en la oscuridad de la noche” se hizo siguiendo la bajada de línea de ajuste sobre el sector público que empezó a aplicar Milei.
“Creo que es una gran apuesta de apoyo a las decisiones del gobierno nacional. Pero no tienen criterio determinado, porque ajustan y apoyan algunas cosas, pero salieron a decir que están en contra de las retenciones al campo. El gobernador está muy preocupado que no le apliquen las retenciones al campo, y resulta que a nosotros si nos ajusta de una forma desconsiderada. Y ahora con despidos en lugares que son críticos. No es cierto que haya excesos de carpetas médicas”, manifestó Sergio Castro, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Y rememoró que el ajustazo para disminuir costos en áreas sensibles se hizo a pocas semanas de que el exgobernador Juan Schiaretti informara que dejaba el gobierno con un flujo de caja de US$1.200 millones.
“Si vos hiciste campaña apuntando a la Justicia social, a la salud, educación y seguridad y haces esto no me parece el camino. Nosotros tenemos registrados 1.000 despidos en distintas áreas, pero creemos que son 2500. Solicitamos por planilla que queden identificados los compañeros con problemas de salud, con discapacidades, las licencias por embarazado, etc. Claramente esta no es la actitud. Nosotros habíamos solicitado una mesa de diálogo, estábamos de acuerdo en vez carpeta por carpeta y el que no cumple los requisitos no queda. El Ministerio sale con que hay un exceso de carpetas médicas y eso no es así. El control de ausentismo no sé cómo lo hacen si es virtual, imagínate. Ahora han dejado sin contrato a compañeros en residencias geriátricos en Tulumba, o en el Complejo Esperanza donde hace falta gente”, enfatizó el dirigente.
Se vienen las medidas de fuerza
Por otra parte, el SEP informó que ya se elevaron dos notas exigiendo la reincorporación de los empleados despedidos. Además esta semana comenzarán un plan de lucha y el martes marcharán al Arzobispado para pedir la mediación de la Iglesia. Asimismo, está previsto un paro activo provincial de agentes de ATE para ese martes 9.
Ricardo López, de la regional cordobesa del gremio de sanidad ATSA, coincide en buena parte del diagnóstico: “No tenemos información como para corroborar los números de los despedidos, no tenemos números, si todo el mundo dice que son 1.000, no sé, uno espera que no. Uno pensaría que Salud, Seguridad que son tan vitales porque en el discurso se decía que no nos iban a tocar no iba a pasar. Es grave. Además han dado de baja compañeros accidentados, embarazados. Tenemos compañeros que son delegados gremiales. Si son por baja performance se puede discutir, pero acá dieron de baja a cualquiera. Dicen una cosa pero parecen el gobierno nacional”.
¿Encima paritaria a la baja?
Para colmo, en el marco de este brutal ajuste los funcionarios de Llaryora se verá las caras con los gremios se verán el 15 de enero para empezar a discutir paritarias. Las organizaciones sindicales aseguran que estos despidos van a ser una especie de prenda de negociación para forzar a la baja el porcentaje de suba salarial.
