La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada como querellante en la causa de Revolución Federal que investiga las amenazas y mensajes violentos en su contra que difundió la agrupación política en redes sociales.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación bajo secreto de sumario y delegada al fiscal Gerardo Pollicita, según ampliaron fuentes judiciales.
La presentación fue realizada en la tarde del lunes por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, por fuera del horario de tribunales, por lo que fue recién leída y aceptada esta mañana.
Los letrados son los mismos que representan a la ex mandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado y no descartan algún tipo de vinculación entre esta causa y la que investiga el atentado.
El pedido se realizó tras conocerse la financiación por parte de la empresa CAPUTO HERMANOS S.A. a Revolución Federal y, al ser querellante, Cristina Kirchner podrá conocer todos los detalles del caso y promover medidas de investigación.
La agrupación política anti-k habría recibido dinero a través de fideicomisos de parte del ex ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, quien también es conocido como “el hermano de la vida” del ex presidente.
De esta forma se podrá indagar si existe alguna conexión entre el grupo de extrema derecha que la amenazó durante largo tiempo y el fallido atentado en su contra, cuyas pruebas indican que estuvo siendo planeado desde hace mucho tiempo.
A poco más de un mes del intento de magnicidio, la ex presidenta había presentado semanas atrás el requerimiento a la Justicia para que investigue el financiamiento que habría recibido Nicolás Carrizo, el "jefe de la banda de los copitos", y uno de los cuatro detenidos en la causa del atentado.
El pedido también fue realizado por medio de Ubeira. El abogado afirmó recientemente que tienen "una linea de quién está detrás" del magnicidio. Además, el letrado aseveró: "Esto tiene un componente político partidario".
Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
También incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el pasado 26 de agosto de 2022 por el mismo grupo a través de la plataforma Twitter Space, cuyo título fue caratulado como “¿hay que pudrirla?”.
En uno de los audios desgravados se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en una clara referencia a perpetrar su asesinato.
La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.
