El gobierno argentino, a través de la Cancillería, solicitó este sábado al régimen de Nicolás Maduro que garantice de manera "inmediata" la salida segura de los seis opositores venezolanos que permanecen asilados en la embajada argentina en Caracas.
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La sede diplomática, bajo protección brasileña desde agosto, se encuentra rodeada por efectivos policiales y enfrenta cortes de servicios básicos, lo que agrava la situación.
"La Cancillería Argentina expresa su máxima preocupación ante la alarmante y grave situación en la Embajada Argentina en Caracas, donde la vida de seis asilados enfrenta un peligro inminente", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial. Además, exigieron a Venezuela que se entreguen los salvoconductos que permitan la salida sin represalias de los refugiados.
Argentina reclama garantías para los asilados políticos en Caracas
El conflicto se originó en marzo, cuando los seis opositores ingresaron a la embajada tras ser acusados por la Fiscalía venezolana de delitos como conspiración y traición a la patria.
Entre ellos se encuentran el exministro Fernando Martínez Mottola, el dirigente Pedro Urruchurtu y varios colaboradores del partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado.
Urruchurtu denunció recientemente en redes sociales que el cerco policial se intensificó desde noviembre y que las condiciones dentro de la residencia son precarias. "Se ha intensificado el asedio policial", señaló, agregando que la embajada no tiene electricidad, tiene pocas reservas de agua potable y enfrenta dificultades para acceder a alimentos.
La situación también generó reacciones internacionales. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora venezolana, pidió apoyo para frenar lo que calificaron como un "asedio criminal".
En tanto, Estados Unidos sumó su voz al reclamo, exigiendo al gobierno de Maduro que entregue los salvoconductos correspondientes.
En este contexto, la Cancillería argentina apeló a organismos internacionales, como Naciones Unidas y la OEA, para que adopten medidas urgentes. "Exigimos al régimen de Maduro la inmediata entrega de los salvoconductos que garanticen su salida segura", reiteraron desde el gobierno de Javier Milei.
Argentina denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por el asedio a la embajada en Caracas
El Gobierno argentino, a través de su representante ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, presentó una denuncia formal contra el régimen de Nicolás Maduro, señalando el “asedio” a la embajada en Caracas, donde seis dirigentes opositores venezolanos permanecen refugiados desde marzo.
Desde hace días, la embajada está sin agua ni electricidad, una situación que ha sido calificada por el diplomático argentino como represalia directa del gobierno chavista
La sede, actualmente bajo la bandera de Brasil tras la expulsión del cuerpo diplomático argentino en agosto, sigue rodeada por fuerzas policiales y grupos armados no identificados.
Tensión diplomática: el Gobierno acusa a Maduro en la CPI por hostigamiento
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata”, expresó Oyarzábal. Además, remarcó la importancia de garantizar la seguridad de los refugiados: “Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”.
El embajador advirtió sobre el deterioro de la situación en Venezuela desde el 28 de julio y criticó la falta de avances judiciales: “Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía”.
También afirmó que “Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado”.
Oyarzábal señaló que los seis asilados están vinculados a la opositora María Corina Machado, mientras que el gobierno venezolano los acusa de conspirar para llevar a cabo acciones “terroristas”. Ante esto, pidió a la CPI que actúe “con determinación” para que se juzguen los “crímenes de lesa humanidad” atribuidos al régimen de Maduro.
El diplomático también enfatizó la necesidad de una investigación profunda sobre las detenciones arbitrarias y el trato inhumano hacia los disidentes. “La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”
