El Gobierno Nacional denunció penalmente al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la brutal represión contra manifestantes, durante los reclamos contra la reforma constitucional.
A través de la presentación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitaron a la justicia federal, que inicie una investigación penal, de forma urgente, sobre el accionar de las fuerzas de seguridad jujeñas en la brutal represión contra manifestantes.
Según indicaron desde el Gobierno, incluyeron en la presentación “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy” en base a denuncias recibidas durante las visitas realizadas a la provincia del norte, recogidas por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti.
Tal como precisaron en el comunicado oficial, las victimas de la represión por parte de la policía local, relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones.
En tanto, brindaron detalles sobre la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que, más allá de las responsabilidades de los autores directos, dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, precisaron en la presentación.
En el texto, responsabilizan al gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.
Según indicaron, esta denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.
A raíz de esto, el juez Jorge Zurueta, solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
FOPEA rechazó la represión en Jujuy
El Foro de periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado a través de sus redes donde "expresa su preocupación por la inclusión de los teléfonos de dos periodistas en un listado de líneas peritadas por la Justicia de Jujuy, en el marco de una investigación ordenada por los cortes de ruta del sábado 17 de junio".
"Los colegas Luciano Aguilar (La Izquierda Diario) y Camilo Galli (corresponsal en la Quebrada del diario digital El Submarino) habían sido detenidos durante la represión policial en la zona de Purmamarca. Casi un día después fueron liberados pero sus teléfonos fueron retenidos y sometidos a peritajes por parte de la Justicia local. Los periodistas, además, denunciaron que sus abogados no fueron notificados de la audiencia en la que se abrieron sus celulares", señaló el escrito.
Y continuó: "El artículo 43 de la Constitución nacional establece claramente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. A su vez, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fija que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”".
"FOPEA advierte que este tipo de medidas pone en riesgo la garantía constitucional de protección del secreto de las fuentes informativas y va a contramano de la jurisprudencia nacional e internacional, a la vez que sienta un un peligroso precedente para el ejercicio profesional y puede poner en riesgo la libertad de expresión", concluyó.
