A través del decreto N° 718/204 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de privatizaciones de organismos y empresas del Estado. Está vez es el turno de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila que están siendo operadas con prórrogas transitorias.
Según el decreto, “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de esas empresas.
Para formalizar el proceso, las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses. Si el proceso de privatización no se lleva a cabo, las acciones volverán al Estado nacional.
La norma firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización y le brindó la autorización necesaria a la Secretaría de Energía para fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión.
Milei ya puede avanzar con el proceso para vender ocho empresas públicas
El Gobierno Nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización total o parcial de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.
La medida se formalizó a través del Decreto 695 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La reglamentación fija los procedimientos específicos a seguir para privatizar empresas estatales, que incluye la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.
“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”, señaló Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta reforma profunda. Entre las compañías que el Gobierno aceptó eliminar del mega proyecto (las excluidas) se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).
El Gobierno instrumentó el esquema previsto que tendrá a cargo el ministro de Economía, Luis Caputo, para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas:
- Energía Argentina (ENARSA)
- Intercargo
- AySA
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Cómo es el proceso para privatizar empresas públicas
En cuanto al procedimiento y las normativas, el texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que "el ministro o secretario de la Presidencia, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá elevar al Poder Ejecutivo". Este reporte deberá debe incluir:
- El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
- El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
- La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.
Una copia de este informe detallado deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.
La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización deberá publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días. La última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
El llamado también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.
La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado; en caso de que sea realizada por entidades privadas, nacionales o extranjeras, deberán contar con reconocida trayectoria. Por supuesto, deberá realizarse un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Antes de la formalización de los contratos, será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.
Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final, con el que se busca asegurar la transparencia y adecuación del proceso.
