La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron este jueves que enviarán un proyecto al Congreso Nacional para modificar la Ley de Seguridad Interior, cuyo objetivo es darle mayor intervención a las Fuerzas Armadas, y también combatir la inseguridad.
En conferencia de prensa, el ministro aseguró que, como en Rosario se está viendo "la presencia de actos terroristas", el presidente Javier Milei les dio instrucciones de actuar con todo el poder del Estado para "modificar la Ley de Seguridad Interior", apoyando las acciones que se están desempeñando y desplegando en la ciudad de Santa Fe.
“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, afirmó Petri.
La intervención “no es para delitos comunes”, señaló, sino que será “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”.
De todas formas, aclaró que esas acciones "no van a ser punibles" porque "van a ser consideradas en cumplimiento del deber".
Esa iniciativa deberá pasar por el Congreso de la Nación y, en caso de aprobarse, las Fuerzas Armadas podrán "intervenir y realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos en un supuesto muy particular que es el de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población".
Asimismo, tendrán "tareas patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediata intervención al juez y al fiscal interviniente para dar las máximas garantías".
También tendrán la "posibilidad de utilizar medios coercitivos", anunció Petri. La utilización de estos medios, señaló, "se va a regir con las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza".
Penas para los organizadores de piquetes
La intención del Gobierno, según precisaron los ministros, es avanzar en la modificación del Código Penal, por eso, se enviarán tres leyes autónomas caracterizadas como “necesarias”, además de Seguridad Interior: la Ley Antimafias, la de Reiterancia y la modificación en el registro de ADN.
Se trata de una serie de normas contempladas en la Ley Ómnibus que que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró aprobar en la Cámara de Diputados. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pera esta vez en un paquete mucho más acotado.
En cuanto a las manifestaciones, marchas y piquetes, buscarán modificar el artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos "que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas".
De esta forma, la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
Según aclararon, si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
Asimismo, buscarán crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
Ley Antimafia, de Reiterancia y modificación en el registro de ADN
Respecto a la presentación de la Ley Antimafias, Bullrich destacó que se trata de una norma desarrollada en Italia y aplicada en El Salvador en la que busca penar los sucesión de hechos encadenados, que fueron planificados para cumplir con el objetivo final de las bandas criminales.
"El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, afirmó.
En la misma sintonía, planteó la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliarla a los delincuentes a los que se los impute. “Hoy en la Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales, pero cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, sostuvo.
En cuanto a la Ley de Reiterancia, aplicada en la provincia de Mendoza, la ministra sostuvo que la reiteración del delito implicará la prisión inmediata. "Si repetís delito, vas preso. Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente”, argumentó.
Por último, se modificará la Ley de Legítima Defensa: “Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual”.
A través de la incorporación de elementos a evaluar, también se contemplará “el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende”, y concluyó: "Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”.
