Los registros automotores siguen siendo reformados por la administración de Javier Milei. Este viernes, el Ministerio de Justicia informó que cerrarán el 40% de los centros de registro para así “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”. Según explicaron en un comunicado, van a comenzar por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y también eliminarán la cédula azul como documento requerido para circular con el auto.
La decisión tomada por la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona se da tras analizar los resultados de la primera etapa de la auditoria que realizó la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
Tras anunciar el cierre de esos centros, confirmaron que "se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".
La decisión de cerrar el 40% los registros automotores tiene que ver con la intención del Gobierno de "achicar el Estado" para lograr el déficit cero, y se suma a otras medidas para el sector automotor que tomó en los últimos días. Por caso, a fines de abril se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Desde la administración libertaria, indicaron que desde este viernes “inicia la segunda etapa de la auditoría” cuyo objetivo es “revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
Cuáles son los cambios que aplicó el Gobierno en los Registros del Automotor
“De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas”, comienza el comunicado que se detalla a continuación:
• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
• Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
