El fiscal Carlos Stornelli, encargado de la investigación por los actos de violencia ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, pidió prisión preventiva para los 35 detenidos. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el éxito de la investigación, que abarca una serie de delitos graves.
Además, reclamó que la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires le envíe los legajos correspondientes de las personas que se encuentran privadas de su libertad al fuero federal. Quien emitirá un dictamen respecto a la cuestión es la jueza María Romilda Servini de Cubría.
"Atento a la gravedad de los hechos, tomando en consideración el estado incipiente de la investigación, la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí-, sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente con la investigación, solicitaré que ordene sus prisiones preventivas de conformidad con lo nombrado por el art. 210, inciso "K" del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063)", indicó en el texto.
Según el fiscal, "dicha restricción a sus libertades ambulatorias luce como única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso". No solo por "la gravedad de lo acontecido", aclaró, sino también porque quedan pendientes otras cuestiones como la obtención y el análisis del contenido de filmaciones de seguridad y/u otras que hayan captado lo sucedido; del análisis del contenido de los celulares y/u otros dispositivos incautados; la identificación y sujeción al proceso de otras personas que tomaran parte de los hechos y sus vinculaciones, enumeró.
Además, indagarán sobre las posibles vinculaciones que pudiera haber entre los detenidos y organizaciones políticos o sociales.
Para el fiscal, los que participaron de los hechos de violencia -mientras en el Senado aprobaban la Ley Bases y el Paquete fiscal- "buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público generando tumultos o desórdenes. A la vez erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática".
Patricia Bullrich habló de un intento de “golpe de Estado moderno” y anticipó que denunciarán a los manifestantes por sedición
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó este jueves el accionar de las fuerzas de seguridad durante los incidentes que se produjeron este miércoles en los alrededores del Congreso durante el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal, a la vez que habló de un intento de “golpe de Estado moderno”, por lo que, anticipó, denunciarán a los manifestantes por sedición.
La funcionaria avaló así la versión de la Oficina del Presidente de la Nación que, luego de los momentos de máxima tensión, difundió un comunicado en el que acusó a “grupos terroristas” de intentar perpetrar “un golpe de Estado”.
“Teníamos información de que había grupos que habían ido con todo tipo de materiales. Habíamos trabajado mucho en las vísperas de esta manifestación para que no nos sorprendiera. Sabíamos, tal como dijo el presidente de la Nación, que era un golpe de Estado. ¿Cómo son los golpes de estado modernos? Es el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción”, subrayó Bullrich en declaraciones a LN+.
Además, la funcionaria afirmó que “los responsables de lo que pasó ayer son el kirchnerismo y los movimientos de izquierda”, y si bien recordó que “los convocantes de la marcha son los sindicatos”, agradeció “que se fueron temprano, cuando comenzaron los incidentes”.
Por otro lado, Bullrich contó que ya hay una causa judicial en marcha, que lleva adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, y que denunciarán a los manifestantes por el delito de sedición: “Querían parar la sesión por la fuerza. Es una de las carátulas que vamos a plantear el día de hoy”, adelantó.
