Transcurrían los primeros días del gobierno de Mauricio Macri y el avasallamiento a las instituciones fue total. En diciembre de 2015, el 25 de diciembre, el juez Julián Ercolini - hoy implicado en el escándalo de los chats del Lago Escondido - le dio un buen regalo de Navidad al entonces presidente y al CEO de Clarín, Héctor Magnetto: ordenó el desalojo del AFSCA, el organismo a cargo de que cumplieran la ley de Medios audiovisuales, y desalojó por la fuerza a su titular, Martín Sabbatella.
Desde ese momento, la Ley de Comunicación Audiovisual quedó relegada y sin efectividad. Una norma que fue sancionada para ponerle un freno al conglomerado de medios como Clarín.
Desalojo
La Policía Federal llegó ese 24 de diciembre a tarde a la sede de la Afsca para desalojarlo por orden del juez federal Ercolini. En ese momento, Sabbatella se encontraba en el edificio y advertía: "No sólo están desalojando el edificio sino suspendiendo una ley sancionada por el Congreso nacional y eso es una barbaridad. Nos preocupa quién va a ser el responsable de la aplicación de la ley".
Antes del desalojo, a poco de llegar al edificio ubicado en Suipacha al 700, en la Ciudad de Buenos Aires, Sabbatella había dicho que "hay una parte del Poder Judicial que funciona como un partido judicial que sostiene intereses corporativos y concentrados" y aseguró que "siempre" cumplirá con la ley.
"Hay una orden judicial de un juez que en 20 horas resolvió el planteo que le hizo un señor y hace 5 años y medio tiene parada la causa de Papel Prensa", había planteado en relación al accionar del juez Ercolini que hizo lugar a medidas pedidas por el fiscal federal Carlos Stornelli que requirió impulsar la denuncia presentada contra Sabbatella, por el designado interventor del organismo Agustín Ignacio Garzón.
Sobre el decreto la situación que atraviesa la Afsca, sostuvo: "Ante un decreto que entendimos ilegal planteamos un hábeas corpus preventivo para garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan cumplir sus funciones y también amparo porque no es un área más del Poder Ejecutivo, hay mecanismos de remoción para que las autoridades del organismo no estén a tiro de decreto".
"Este gobierno ha sido elegido democráticamente, pero esto es una actitud de gobierno de facto y esperamos que el Poder Judicial dé una respuesta porque aún no se han resuelto ni el hábeas corpus ni el amparo", resaltó.
