La comunidad de profesionales de la salud y de la educación escribieron una dura carta por la vuelta a la presencialidad de clases en las aulas de todo el país y apuntaron directamente al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y a la ministra de Salud porteña, Soledad Acuña, por el riesgo que conlleva la circulación de menores a un recinto cerrado en medio de la pandemia del coronavirus.
"Las escuelas cumplen variadas e imprescindibles funciones, entre ellas hacer efectivo el Derecho a la Educación, y constituyen un articulador central en la socialización y en los procesos de subjetivación de los/as niños/as y adolescentes. Es requisito considerar estas funciones subsumidas al Derecho a la Vida", sostuvieron en el firme comunicado, que también cargó contra el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y contra su par porteño, Fernán Quirós.
La carta completa
A:
Dr. Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación
Dr. Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación
Lic. Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La comunidad de profesionales de la salud y de la educación abajo firmantes presenta este pronunciamiento para compartir con la sociedad algunas consideraciones acerca del retorno presencial a las escuelas en 2021 del país.
Debido a las condiciones epidemiológicas alarmantes que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, al crecimiento de contagios, a los miles de personas fallecidas y su consecuente afectación en la capacidad del sistema de salud, como así también a la aparición de distintas mutaciones del virus en el mundo (Reino Unido, Brasil, Sudáfrica), consideramos fundamental que el Estado garantice las condiciones de cuidado de la salud integral de los/as niños/as y adolescentes, así como también de la comunidad educativa en general y de la
sociedad en su conjunto, y posponga el retorno a la presencialidad obligatoria en las escuelas del país.
Las escuelas cumplen variadas e imprescindibles funciones, entre ellas hacer efectivo el Derecho a la Educación, y constituyen un articulador central en la socialización y en los procesos de subjetivación de los/as niños/as y adolescentes. Es requisito considerar estas funciones subsumidas al Derecho a la Vida. Diversas investigaciones llevadas a cabo en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos desmienten la idea de que niños/as y adolescentes se contagian menos, y señalan que pueden tener consecuencias a largo plazo (long covid) e incluso desarrollar, en algunos casos, cuadros más graves, como; el Síndrome Inflamatorio Complejo, al tiempo que llevan incertidumbre y angustia a quienes lo padecen, así como a sus familias.
Las circunstancias que estamos viviendo impactan en el psiquismo y la subjetividad de los/as niños/as y adolescentes, pero resulta también de gravedad el daño que les genera la desprotección de quienes deberían garantizar su cuidado. De hecho, las experiencias de apertura de las escuelas en el hemisferio Norte son diversas y muestran resultados alarmantes: incluso en zonas con valores de circulación comunitaria más bajos que los de Argentina, no pudieron evitarse los rebrotes y se ha llegado a situaciones graves, que obligaron a dar marcha atrás por las altas cifras de contagios y muertes. Además, allí donde se ha debido aislar a cursos completos a causa de un contagio, se ha generado, más allá del riesgo de enfermedad y muerte, más incertidumbre y angustia en los/as niños/as y adolescentes. Desconocer esta peligrosa complejidad implica poner en riesgo a nuestra comunidad.
La propuesta de retorno a la presencialidad tal como está siendo formulada en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país es ambigua, imprecisa y temeraria, y resulta de una visión idealizada de regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, el temor y la angustia que provoca representar(se) como potenciales vehiculizadores de un virus que saben dañino para sí mismos/as y sus seres queridos/as, así como el daño en los vínculos pedagógicos, por la desconfianza que se instala en las relaciones docentes alumnos/as-familias, lo cual obstaculiza las posibilidades de un aprendizaje significativo. El retorno en este momento de emergencia sanitaria ignora también la precariedad de recursos con los que cuenta la comunidad educativa en materia de dispositivos, conectividad, acondicionamiento edilicio, higiene, estado de sanitarios, incremento de personal docente y no docente, entre otros, que deben ser proveídos por el Estado en cada una de sus jurisdicciones.
Así también confunde la vacunación en proceso, que no es sinónimo de inmunización comunitaria en el corto plazo. Creemos que, para un adecuado y seguro regreso a la presencialidad, es necesario garantizar las condiciones de cuidados que efectivamente preserven la salud bio-psico-social de la comunidad educativa en su conjunto, imprescindible para lograr procesos de enseñanza y de aprendizaje que sean fructíferos y placenteros. Estas condiciones no están dadas aún. Es responsabilidad del Estado y derecho de nuestra comunidad que el regreso sea seguro, y que nuestras infancias y adolescencias estén protegidas.
Es preciso profundizar lo construido en 2020 a través de grupos de trabajo, para incorporar estrategias utilizadas y desarrollar otras nuevas, de acuerdo con la realidad de cada escuela y las familias. Por eso consideramos que debe demorarse el inicio presencial y continuar virtualmente. La educación no debe ser un trofeo de puja político-partidaria. Deseamos y creemos saludable que los/as niños/as y adolescentes se reencuentren, pero ello no puede ser a costa de negar la realidad de pandemia y desigualdad.
Por todo eso, consideramos que:
La comunidad educativa se construye colectivamente y todos/as sus integrantes tienen derecho a participar en la misma; nos oponemos a la decisión arbitraria e inconsulta de efectivizar el retorno a la presencialidad escolar sin condiciones suficientes para el cuidado de la vida. Solicitamos al Consejo Federal de Educación NO redefinir el Semáforo Epidemiológico, que fue aprobado en 2020 y acordado de manera nacional.
La experiencia internacional catastrófica de retorno a la presencialidad, la escasa preparación logística en nuestro país y la falta de transparencia respecto a cómo se proponen resolver los problemas reales de las escuelas, familias y estudiantes nos lleva a solicitar como requisito indispensable la conformación de una mesa mixta, interdisciplinaria, intersectorial, amplia y convocante de los/as diferentes integrantes de la comunidad educativa ante la situación de emergencia por pandemia, en la que se discuta y construya una vuelta a la presencialidad resguardada, progresiva y responsable, antes de que los/as niños/as y adolescentes concurran
de manera efectiva.
Apoyamos la presencialidad como expectativa, como promesa de encuentro, luego de la unión como comunidad para el cuidado de todos/as sus integrantes.
