Dos integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Comodoro Py que actúan en la causa llamada Vialidad contra Cristina Kirchner buscan liberar a un genocida que cometió delitos de lesa humanidad. Se trata de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Este último apareció jugando al fútbol junto al fiscal Diego Luciani en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri.
Es que ambos letrados concedieron la excarcelación de Alfredo Omar Feito, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo ABO, conformado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. Se comprobó que este circuito represivo funcionó desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979.
El represor perteneció al Batallón 601 de Inteligencia desde diciembre de 1976. En el mes de mayo del 2012 fue condenado a 10 años de prisión en la causa que se conoció como Contraofensiva Montonera y que juzgaba la desaparición de seis personas.
Un mes más tarde del anuncio de su condena, al genocida lo acusaron con más de 116 casos en el segundo tramo judicial de la causa Atlético-Banco-Olimpo y lo condenaron a 18 años de prisión común y efectiva. Además se confirmó su participación en secuestros, interrogatorios y en aplicación de tortura. Los testigos recordaron que Feito aseguraba que los miembros del grupo de tareas eran “una máquina aceitada y engrasada, lista para matar”.
La medida no se hará efectiva por ahora, pero los jueces Giménez Uriburu y Gorini, que quieren meter presa a CFK, concluyeron que los tipos de crímenes de lesa humanidad no constituyen un motivo para evitar decidir una excarcelación.
Rechazaron las recusaciones de Cristina Kirchner contra Luciani y Giménez Uriburu y crece el lawfare
El pasado sábado, el Tribunal Oral Federal Nº2 rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu tras las fotos que publicó Página/12 en las que ambos aparecen jugando al fútbol en Los Abrojos, la quinta que pertenece al expresidente Mauricio Macri.
El Tribunal señaló en un escrito: "En atención a los defectos formales y argumentales en el que han incurrido los incidentistas, consideramos ajustado a derecho la imposición de las costas causadas en la presente incidencia, de conformidad con las previsiones de los arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Al fin de cuentas, en orden a las razones que se han brindado a lo largo de esta decisión, es que se habrá de proceder al rechazo de las recusaciones intentadas por no haberse dado razones legítimas ni objetivas que avalen la posición de los incidentistas. Por lo demás, y ante la falta de actualidad del agravio en el que se funda la tacha de inconstitucionalidad del art. 61 in fine del Código Procesal Penal de la Nación".
En otro párrafo, el TOF indica que podrían "profundizar e identificar cada una de las decisiones que el Dr. Giménez Uriburu adoptó una posición contraria a los intereses que en esta causa representa el Dr. Luciani, pero no haríamos otra cosa que sobreabundar al sólo efecto de evidenciar el yerro y la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas que realizaron livianas referencias sin recurrir, como corresponde para ejercer el ministerio que les fue confiado, a las constancias de la causa".
"Descartada entonces la razonabilidad de los temores que fueron invocados para cuestionar la imparcialidad y objetividad de los magistrados que intervienen, así como también el infructuoso esfuerzo por objetivar en la actuación profesional del Sr. Magistrado que integra el Tribunal, habremos de proceder a su rechazo", sentenciaron.
El fiscal Sergio Mola visitó la AFI durante el macrismo
Sergio Mola, el fiscal que actúa junto a Luciani en el juicio Vialidad, visitó la AFI durante el macrismo. Así lo pudo demostrar Página/12 tras un pedido de acceso a la información pública. De este modo se comprobó que Mola no solo ingresó a la Casa Rosada en 2016, sino que tiene dos ingresos en la Agencia Federal de Inteligencia, uno que corresponde al día 22 de abril de ese año y otro al 15 de febrero de 2018.
Por ese entonces todavía estaba permitido que la AFI se metiera en la investigación o inteligencia criminal siempre que hubiera una decisión formal de los directivos, según lo indicaba la ley. El Gobierno de Alberto Fernández, en 2020, estableció una reforma por decreto para que el organismo dejara de actuar como auxiliar de la justicia. "Según fiscales consultados por este diario, aún en tiempos en que podía haber vínculo judicial con la agencia, los pedidos o indicaciones se hacían por oficios, por escrito, no se entiende cuál sería la razón para ir al organismo e incluso permanecer varias horas con autoridades", publicaron en el diario.
En la visita del año 2016 fue a la hora del almuerzo, al despacho de la exnúmero dos de la AFI, Silvia Majdalani, y no se registró su horario de salida. En la de 2018, fue a ver al director de Exterior y estuvo desde pasadas las 13 hasta las 16.
