El diputado y jefe de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, cuestionó la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a genocidas de la última dictadura militar y apuntó contra el presidente del bloque mileísta, Gabriel Bornoroni,
El extitular de la bancada de LLA señaló que “no estaría de acuerdo” con que integrantes de su bloque “tengan un acercamiento, diálogo” o “estas clases de visitas” con represores, tal como ocurrió con la comitiva encabezada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit.
A pesar de esto, marcó cierta distancia: “Que cada bloque se haga cargo y exprese. Yo no voy a hablar por otro bloque o diputados que no participan en mi bloque”. En este sentido, aseguró que las definiciones deben venir de parte del empresario del combustible Bornoroni.
“A nivel personal yo no me sentaría a tener diálogo, ni a tomar un café. Trataría de estar lo más lejos posible”, añadió. Y aclaró: “No sé si hay que echarlos de la Cámara. Eso primero lo tiene que evaluar el propio bloque. Y si consideran que tiene que haber una sanción, tiene que darse en el seno de su propio bloque. Yo como presidente del bloque sería absolutamente responsable de esa situación”.
Diferentes bloques le reclamaron a Martín Menem
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem recibió el reclamo de los diputados del PRO, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, que pidieron que, al menos, llamara al orden a los seis diputados que visitaron a Astiz: Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci. El titular de la Cámara contestó que creía que no correspondía el repudio y que, en todo caso, el encuentro con los genocidas no representaba la opinión del gobierno de Javier Milei –que dice que los crímenes de la dictadura fueron “excesos” en el marco de una “guerra”.
A pesar del intento oficialista de bajarle el tono al escándalo, los repudios se siguen apilando. El bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió que se conforme la comisión especial para evaluar la consulta de los seis diputados. “Es necesario tomar medidas ejemplificadoras”, demandaron.
El diputado socialista Esteban Paulón, por su parte, presentó un proyecto para que Diputados reafirme su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. En 2010, la Cámara había dicho que los juicios son una política de Estado, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
El repudio de diferentes entidades
En una línea similar, el colectivo Mario Bosch –integrado por abogados y abogadas que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad– le solicitó al Congreso que se inicie el proceso para la remoción de los seis diputados. No los consideran hábiles para representar el voto popular. Desde ese mismo grupo, pidieron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informe cómo se gestó la visita, ya que de ella depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La versión que circula es que el organizador fue Fernando Martínez, director del SPF.
–Cómo se gestó, eso me gustaría saber– se quejaba ayer uno de los jueces que tiene detenidos a disposición suya en la Unidad 31. Es una respuesta que posiblemente también se le pida a los tribunales.
En Comodoro Py, la CPM –con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García– presentó una denuncia contra Benedit después de que se conociera un chat en el que reivindicaba su encuentro con Astiz y compañía. En ese mensaje, rechazaba llamarlos represores y decía que son “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. También afirmaba que los juicios son una farsa y llamaba a denunciar a los jueces que condenan y mantienen encerrados a los genocidas.
Para la CPM, existe una obligación del Estado de sancionar a quienes hacen apología de los crímenes, más aún si son funcionarios públicos. El organismo también afirmó que debería investigarse la cesión de la combi por parte de la Cámara de Diputados porque podría constituir una violación a los deberes de funcionario público.
En paralelo, Historias Desobedientes –que reúne a familiares de represores que reclaman memoria, verdad y justicia– hizo saber su rechazo a la excursión a la Unidad 31. “No es casualidad que se trate de diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, familiar obediente de genocidas que desde hace años opera desde los lugares más oscuros de la sociedad reivindicando el accionar criminal de las Fuerzas Armadas y de seguridad en años de dictadura”.
