El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad. La iniciativa asegurará la protección de un amplio universo de tres millones y medio de argentinos y argentinas con algún tipo de discapacidad, según las estadísticas del INDEC de 2018.
El proyecto que impulsa el diputado por el Frente de Todos tiene como fin "la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia".
Valdés sostuvo que "con este proyecto buscamos que el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando", y resaltó las complicaciones que se generaron a través de la pandemia del coronavirus.
"Las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas, y se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias, es un gran paso hacia un país más justo y solidario", sostuvo Valdés.
La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados y diputadas Bertone, Figueroa, Moisés, Alderete, Caliva, Daives, Koenig, Landriscini, Flores, Caparrós y Felix, está apoyada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006, aprobada en la Argentina en 2008, e incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional a través de la Ley 27.044 en 2015.
Dicha convención obliga a los Estados a "adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, tal como lo establece en su artículo 4.
Asimismo, el espacio que se crearía por intermedio del proyecto será propicio y con competencia para velar por el derecho a la vida, la educación, el empleo, la salud y la no discriminación de personas con al menos una discapacidad, entre otros derechos que frecuentemente son vulnerados.
En esa marco, la propuesto del diputado del espacio oficialista propone que "la creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad procura garantizar la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, dotando a un organismo independiente de los instrumentos, facultades y recursos necesarios para tal misión, interviniendo en todas las áreas que afectan la vida, la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las personas con discapacidad y sus grupos familiares".
Respecto del mecanismo de selección del titular, el articulado elaborado por Valdés establece que la figura del defensor o defensora será determinada por una comisión bicameral integrada por cinco representantes de cada cámara del Congreso, la cual "tendrá a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes".
La designación se llevará adelante mediante concurso público de antecedentes, del cual surgirán cuatro candidatos y candidatas, para ocupar el cargo que tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de ser renovado por única vez.
