El juez que se negó a detener a los Moyano ante presiones de la AFI macrista, Luis Carzoglio, fue destituido e inhabilitado para ejercer su cargo por un jury de enjuiciamiento. Había sido suspendido en 2018 tras denunciar presiones por parte de agentes que obraron en nombre del expresidente Mauricio Macri.
Según sus revelaciones, al magistrado de garantías le llevaron una carpeta donde le indicaban que debía detener a los dirigentes Hugo y Pablo Moyano como una maniobra de persecución política.
Carzoglio contó públicamente que dos agentes de inteligencia del macrismo entraron a su despacho con una carpeta armada con información sobre los sindicalistas y le requerían su inmediata detención, en el marco de una supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.
El juez consideró como “precipitado” el procedimiento que terminó con su destitución, luego de que “en cinco días hubo que interrogar a 60 testigos” e incluso tuvieron que “desistir” con los últimos cinco.
“Es muy grave lo que pasó, conmigo no van a poder. Lo vamos a pelear. Vamos a ir a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires”, adelantó Carzoglio en relación al fallo que lo removió de su cargo.
A su vez, expresó que el jury “estuvo parado, dormido, durante tres años y se reactivó en un mes y medio”, tiempo que fue suficiente para decretar que debía ser removido e inhabilitado para ejercer.
La persecución contra Luis Carzoglio comenzó en pleno gobierno de Macri, hace cinco años, luego de que el juez denunciara que tras rechazar el pedido de detención para los Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI macrista fueron a visitarlo personalmente.
Se trata de Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, ambos agentes de Inteligencia visitaron al magistrado y le exigieron la detención de los sindicalistas al entregarle una carpeta preparada con información confidencial.
Tras la doble negativa y denuncias, Carzoglio fue denunciado por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien hace poco más de un año se lo vio almorzando muy plácidamente con el expresidente.
Como primera medida se decidió apartar al juez de garantías por 90 días y luego se resolvió directamente suspenderlo de su cargo.
