Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, el Gobierno oficializó este martes la decisión de pagar con bonos a la ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación. Fue en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.
A través de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, un día después del anuncio que hiciera en ese sentido el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de la red social Twitter. "En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta".
De acuerdo al artículo 1 de la disposición, "el Ministerio de Economía, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a pesos noventa y ocho mil quinientos millones ($98.500.000.000) en bonos del Tesoro TX31".
En ese marco, detallaron que el pago "se transfiera diariamente a una cuenta bancaria que habilitará bajo la titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Será "los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre el uno coma cuatro (1,4%) que históricamente se le transfería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del artículo 8°de la Ley N° 23.548, y el dos coma noventa y cinco (2,95%) que dispuso la medida cautelar dictada" por la Corte Suprema la semana pasada.
En tanto, el artículo 2 dispone que "el Banco de la Nación deberá proceder a la apertura inmediata de la cuenta Bancaria consignada en el artículo anterior", mientras que el 3 indica que "la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía promoverá las modificaciones presupuestarias pertinentes".
La medida oficializada hoy, que ya fue rechazada por el Gobierno porteño, lleva las firmas de los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Economía, Sergio Massa. En tanto, en la resolución se reafirma que "a través de la Procuración del Tesoro de la Nación se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida".
Coparticipación: el Gobierno apelará el fallo, recusará a la Corte, pero pagará a la Ciudad
El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Estado nacional "ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires".
"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.
Además, el mandatario que instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que "reasigne" los "únicos recursos disponibles del ejercicio 2022" y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación.
"Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes", precisó.
"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", expresó el mandatario.
Fernández explicó que "si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas". Argumentó que "el actual estado de las cuentas públicas" hace que la resolución "sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento".
