La abogada y docente de la UBA Marisa Herrera se refirió al viaje del lawfare y advirtió que "Ercolini es profesor y Director de la especialización en Administración de Justicia. Es algo contradictorio". "Si Ercolini dirige la especialización en Administración de Justicia eso demuestra cómo está funcionando la Justicia", planteó.
En diálogo con El Destape Radio, la doctora en Derecho remarcó que "en la UBA hay un Código Académico que regula el juicio académico para que un profesor sea sacado de ese cargo". Acto seguido, adelantó que van “a iniciar un pedido de juicio académico a Ercolini en nuestra facultad de Derecho de la UBA".
"La Facultad de Derecho todavía no sacó ningún comunicado. Está apañando a Ercolini por omisión", denunció Herrera, tras afirmar que "la Facultad de Derecho podría apartar a Ercolini de ser el director de la Especialización en Administración de Justicia".
En esa línea, la especialista en Derecho replicó: "Todo esto lo acarreamos desde el fallo de la Corte del Consejo de la Magistratura. Es el Consejo de la Magistratura el que debería sancionar a los jueces".
Uno de los involucrados denunció espionaje ilegal y la causa recayó en Ercolini, otro de los acusados
El escándalo del Lago Escondido continúa sumando nuevos capítulo. Ahora se dio a conocer que uno de los involucrados en el viaje denunció espionaje ilegal e insólitamente la causa recayó en el juzgado del juez Julián Ercolini, que también se encuentra vinculado en el escándalo de los chat que demuestran la connivencia entre el poder mediático, político y judicial.
Según consignó el portal El Diario Ar, en los últimos días se iniciaron distintos expedientes por dos de los pasajeros del viaje a la propiedad del magnate británico Joe Lewis en el marco de la “contraofensiva”.
El juez federal Pablo Yadarola, del fuero Penal Económico, presentó el fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal, luego de que comenzaran a circular por internet conversaciones que había mantenido mediante la aplicación Telegram y en las que figura junto al resto de los involucrados planificando cómo enmascarar el viaje sospechado de dádivas -se investiga si fue costeado por Clarín y Lewis- e influir en la investigación judicial de Bariloche para que la fiscal y la jueza cierren la causa. La denuncia del juez Yadarola recayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini, otro de los jueces involucrados en el caso Lago Escondido.
La causa quedó delegada en el fiscal Eduardo Taiano, también de turno el día de la denuncia. El domingo 4 de diciembre por la mañana, cuando los chats y audios que revelaban la supuesta maniobra fueron publicados por medios de comunicación, Ercolini le solicitó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi que asumiera momentáneamente en la causa, ya que el propio juez está implicado en los hechos.
En ese primer momento, Ercolini apeló a la figura de “ausencia momentánea del juez” para no intervenir en las primeras medidas del expediente. Martínez de Giorgi ordenó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que rastreara la dirección de IP desde la cual se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono hackeado de D’Alessandro.
El juez también consultó a los expertos si el sitio web podría bloquearse o darse de baja. Al día siguiente, ya en tribunales, se envió la causa a sorteo para que quede radicada en un nuevo juzgado federal de Comodoro Py, el número 12, que está vacante y se encuentra subrogando el juez Ariel Lijo, según información judicial.
