La Cámara de Casación rechazó este miércoles las recusaciones que había presentado la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos en el marco de la causa Vialidad.
Los magistrados que integran la Sala IV de la cámara de Casación Penal, Hornos y Borinsky, rechazaron la recusación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y continuarán al frente de la causa.
Por otro lado, Hornos y Borinsky aceptaron el planteó presentado por el juez Javier Carbajo, quien decidió apartarse de la causa porque ya había opinado al respecto del tema. Ante la baja de Carbajo, se abrirá un proceso de sorteo para que un nuevo juez o jueza integre la sala en su lugar.
La defensa de la vicepresidenta sostenía que los jueces no tenían parcialidad por sus visitas a Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación. Sin embargo, en una resolución de 13 páginas, los jueces rechazaron "in limine" esta propuesta.
La cámara de Casación resolvió que la defensa de Cristina “no ha logrado demostrar, ni se advierte, que esas intervenciones anteriores de esta Sala IV en el proceso –relativas a la admisibilidad del recurso de casación- le permita albergar algún temor fundado de falta de imparcialidad objetiva”.
Y agregaron: “La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de nuestras funciones, que nos imponen el deber de decidir sobre el tema traído a conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento”.
“Las distintas resoluciones citadas por la defensa" (entre ellas, el pedido de parcialidad) "se advierte que en todas ellas esta Sala declaró inadmisibles los recursos de casación o no hizo lugar a las distintas quejas”, insistieron.
En ese sentido, los abogados plantearon que “la intervención estuvo ceñida a la admisibilidad formal del recurso de casación” y que, por ese motivo, “corresponde el rechazo in limine de la recusación por improcedente, cuando se funda en la mera intervención de los magistrados en pronunciamientos anteriores propios de sus funciones legales”, resumió el fallo.
La recusación ya fue rechazada y, a partir de ahora, los jueces van a analizar la condena de 6 años de cárcel por corrupción dictada a la vicepresidenta, incluyendo además el pedido del fiscal Diego Luciani, quien solicitó que se le atribuya el delito de asociación ilícita.
