El Tribunal Federal Oral 7 tiene a su cargo la llamada Causa Cuadernos. Fue le juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi el que pidió peritar, con un equipo especializado de la Policía Federal, tres de los cuadernos que se atribuyen al exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno. La primera excusa del TOF7 fue que no podían mandar los originales al magistrado, por lo que éste ofreció que la unidad especializada fuera al lugar donde estaban guardados. El martes, la respuesta fue: "de momento no es posible acceder a lo solicitado".
Aunque la frase no es determinante, significa una nueva dilatación del peritaje oficial sobre los cuadernos que Centeno aseguró haber quemado, pero que luego aparecieron en manos de un periodista de La Nación.
Asimismo, el Tribunal rechazó los pedidos de acceso para ver y cotejar los originales de los cuadernos de Centeno (donde supuestamente se habían anotado pedidos y pago de coimas entre funcionarios y empresarios de la obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner). El argumento para dar la negativa fue, en esta ocasión, que hay fotos digitalizadas de todo en alta resolución y que eso garantiza la defensa en juicio para los 45 imputados.
El rechazo del peritaje
En agosto de 2018 salieron a la luz las fotocopias de los cuadernos. Desde ese entonces, jamás se hizo un peritaje oficial. Según informa Página 12: "El juez Martínez de Giorgi ordenó esa medida el 24 de mayo ante un pedido del empresario Carlos Loson, quien presentó un estudio particular --realizado por el estudio Latour-- que daba cuenta de que en los cuadernos 4, 7 y 8 había por los menos 1600 alteraciones del texto original, 1373 de ellas sobre escritos, 195 correcciones con liquid paper y 55 enmiendas. Incluso se señaló que podría haber dos caligrafías distintas que se advierten en algunas de las correcciones visibles. Allí se trabajó copias digitales".
Una pericia sobre los cuadernos de Centeno reveló 1.600 irregularidades y activó una causa penal que complica al ex chofer y sus presuntos instigadores
Una pericia privada realizada sobre los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno y que dieron lugar al expediente judicial que lleva ese nombre, reveló “gravísimas irregularidades” al detectarse en el análisis de los textos, “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas”, sin conocerse el propósito con que fueron realizadas esas modificaciones.
En sus conclusiones, los peritos encontraron más de 1.600 alteraciones del texto original; 1.373 “sobre escritos”, y 195 correcciones con líquido corrector (liquid paper) y pudieron visualizarse 55 enmiendas o testados, entre otras anomalías.
El informe grafológico se realizó sobre copias digitales (que no son fotocopias), y no sobre los originales de los cuadernos que continúan reservados en el Tribunal Oral Federal 7 sin ser periciados hasta la fecha por los profesionales del Cuerpo de Peritos de la Policía Federal, pese a los sendos pedidos de la defensa del empresario y ex presidente de Albanesi SA, Armando Losón.
A raíz de esta circunstancia, Losón encargó este minucioso estudio sobre los textos al prestigioso estudio de peritos calígrafos Latour, para sostener su inocencia y remarcar que fue implicado arbitrariamente en hechos que no fueron cometidos por él. Como imputado colaborador, explicó los pagos que personalmente realizó desde sus cuentas particulares como aportes de campaña mostrando la documentación y los comprobantes que así lo acreditan.
Una causa penal que complica a Centeno y sus presuntos instigadores
Por esta prueba pericial, Losón presentó hoy en Comodoro Py una denuncia por falso testimonio, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, cayendo la causa en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. Por ese motivo el empresario remarcó: “Las gravísimas adulteraciones de nombres, lugares y fechas sólo tuvieron el propósito de involucrarme y armar distintas causas en mi contra con el sólo intento de quedarse con esta empresa centenaria”.
Por otra parte, el empresario sostuvo que “Albanesi nunca fue una empresa constructora como quisieron hacer creer con malicia, y jamás participó de la obra pública”, como se le imputó en la investigación. Por eso insistió en que su causa sea remitida al fuero electoral.
