Esta mañana el desalojo de los terrenos usurpados en Guernica, generó cierta polémica en sectores del oficialismo debido a la represión policial sobre quienes se hallaban en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Presidente Perón.
El gobernador Axel Kicillof, habló esta tarde sobre lo sucedido y aclaró que "se hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia". Y remarcó "Si no se ejecutaba la decisión judicial la provincia incurría en desacato."
"Es una situación compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño en dar una solución.", agregó.
"En el predio había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo cualquier comentario. Simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por decisión política de estar ahí.", manifestó el mandatario provincial, en declaraciones a la prensa.
Luego afirmó que se censaron a las familias y que se ofreció a las familias "diferentes respuestas" a los problemas planteados y explicó que, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario, "se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias" que dejaron el predio.
Por último, manifestó que esas familias se inscribieron en un registro provincial para poder acceder a una vivienda. En este sentido,negó que quienes estaban hoy en la toma se les fuera a "repartir 300.000 pesos", con los fondos del programa de Asistencia Crítica Habitacional publicado el martes en el Boletín Oficial bonaerense. "Simplemente se actualizó un decreto", aseguró el gobernador, y agregó que "No era para Guernica. Nadie en Guernica tuvo una oferta con ese programa, porque ni siquiera existía. La orden de desalojo estaba desde antes."
Sobre el operativo, se explayó y afirmó que en en este caso "hubo una denuncia judicial y luego una orden de desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo" y reiteró que fue "una decisión judicial". "La policía simplemente actuó como auxiliar de la Justicia para llevar adelante esa orden", justificó.
"Solicitamos varias prórrogas y, en el medio hicimos un censo, identificamos que había 1904 personas. Dispusimos instrumentos para ver si el desalojo se desarrollaba voluntaria y pacíficamente", cerró el gobernador.
