Tras cumplirse casi un mes de la aparición de los polémicos chats entre el vocero del miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciduad de Buenos Aires, Marcelo D'alessandro, el jefe de Gobierno bonaerense, Axel Kicillof, inició cargos contra ambos.
La denuncia iniciada contra el funcionario y el magistrado fueron por "tráfico de influencias" e "incumplimiento de deberes de funcionario público". En este sentido, el gobernador aseguró que "la provincia de Buenos Aires es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”.
A su vez, Axel Kicillof remarcó que el fallo otorgado por la Justicia por los fondos coparticipables benefició a la Ciudad de Buenos Aires, habría sido producto de este tráfico directo de influencias por parte de los funcionarios del Gobierno porteño, en conjunción con los miembros del máximo tribunal.
El documento, cayó en las manos del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien habilitó la feria judicial para efectuar "una amplia certificación a fin de evaluar posibles conexidades y/o la existencia de causas con idéntico objeto procesal”.
¿En qué hace foco la denuncia por parte de Axel Kicillof hacia Marcelo D'alessandro y Silvio Robles?
El Gobierno bonaerense hace énfasis en los chats atribuidos a D'alessandro, descubiertos y difundidos por el legislador Rodolfo Tahilade, los cuales fueron eco de todos los medios de comunicación a finales del año pasado. Allí, el ministro porteño le sugiere estrategias bajo orden del Poder Ejecutivo de la Ciudad para ser ejercidas por el máximo tribunal, con el objetivo de obtener un fallo favorable en el conflicto con Nación por la coparticipación.
"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, afirma el documento de 14 páginas que denuncia tanto a Horacio Rosatti, Silvio Robles y Marcelo D'alessandro.
Desde el Ejecutivo provincial, aseguraron que "las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma" y agregaron que "hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional".
"Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires", añadieron desde el Gobierno de la provincia.
Por último, la gestión de Kicillof hizo foco en la defensa del federalismo, y sentenció que "los hechos denunciados deben ser investigados por fiscales y jueces verdaderamente independientes“ y que de esta forma "se debe impedir este arreglo político ilegal: nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”.
