Luego del escándalo en el que se vio envuelto el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, por retener toneladas de alimentos que estaban destinados para distribución en comedores, el funcionario a cargo Pablo De la Torre, fue eyectado de su puesto.
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Pero eso no fue todo, en las últimas horas, se confirmó a la prensa que De la Torre, fue denunciado penalmente por el Gobierno nacional luego de realizar también una presentación en la Oficina Anticorrupción contra él.
Es que además de lo sucedido con los alimentos, se descubrió un sistema de contrataciones irregular en la secretaría a cargo del hermano de Joaquín De la Torre, un ex dirigente del PRO que recientemente se había pasado a las filas de La Libertad Avanza, junto a Florencia Arietto. Al parecer pedía un porcentaje sobre los sueldos de 100 empleados nuevos que fueron incorporados gracias a un programa que impulsa la Organización de Estados Iberoamericanos.
Según se supo la modalidad -de acuerdo a lo que se conoció en medio del escándalo por los alimentos retenidos a punto de vencer- era pagarle a la OEI una importante suma de dinero en concepto de asesoramiento y a su vez que ese organismo contratara personas que iban a reportar a la Secretaría de Niñez y Familia. Un verdadero escándalo en medios de un ola de despidos que realizó el Gobierno nacional.
El escándalo por los alimentos almacenados fue uno de los grandes tropiezos del Gobierno nacional y la principal responsable fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó en la mira de todos, luego de intentar justificar la situación con distintos argumentos.
Finalmente al Gobierno no le quedó otra alternativa más que organizar un operativo de entrega de los alimentos, en vistas de las denuncias judiciales que ya estaban en marcha.
La orden judicial
Mientras diversos funcionarios respaldan a la ministra Sandra Pettovello, quien lleva casi seis meses sin distribuir la mercadería almacenada en los galpones de Villa Martelli y Tucumán, el juez Sebastián Casanello informó a la Cámara Federal sobre el incumplimiento de una orden por parte del Ministerio.
La orden judicial requería la presentación de un plan detallado de distribución de los 5,9 millones de kilos de productos almacenados, especificando tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. A pesar de haber otorgado un plazo de 72 horas para cumplir con esta solicitud, el Ministerio solo proporcionó un listado de la mercadería sin ofrecer un plan de distribución concreto.
En un intento por calmar las aguas, Pettovello anunció la implementación de un protocolo para la entrega de alimentos mediante el Ejército Argentino, sin embargo, en el ámbito judicial no se presentó ninguna documentación que respalde esta medida. Juan Grabois, líder de Argentina Humana, ha expresado su preocupación ante esta situación, destacando la importancia de mantener un flujo constante en los comedores para asegurar la alimentación de los niños y niñas.
Por su parte, el Gobierno apeló la resolución judicial argumentando que el tema en cuestión no es judiciable. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal convocó a una audiencia para discutir el asunto. Mientras tanto, el juez Casanello evalúa posibles medidas adicionales ante el incumplimiento por parte del Ministerio.
La posibilidad de aplicar multas diarias por desobediencia a la orden judicial podría complicar aún más la situación para Pettovello. En este contexto, diversos sectores, incluyendo una asociación civil y líderes religiosos, pidieron la renuncia de la ministra como consecuencia de este conflicto.
