Se viven momentos de tensión en Uruguay por la crisis hídrica que afecta al país. El presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl Montero, advirtió que "queda agua para 18 días”.
La crisis hídrica en Uruguay comenzó a sentirse en noviembre pasado, cuando la falta de precipitaciones ya se sentía fuertemente en la represa de Paso Severino: pasó de 65 millones de metros cúbicos a un mínimo histórico de 6,5 millones. Solo cuenta con el 10% de su caudal máximo.
Ante esta situación, OSE solicitó al Ministerio de Salud modificar los máximos permitidos de cloruro de sodio en el agua que llega a las casas. Esa medida despertó la alerta en la población que no sólo sintió el sabor salado del agua, sino que vio modificarse el color e hizo que salieran a las calles durante ocho días consecutivos para exigir paliar esta situación. El opositor Frente Amplio, por su parte, realizó una sesión de más de seis horas para interpelar a funcionarios responsables del Ejecutivo.
La situación afecta a más de dos millones de personas -más de la mitad de la población del país-, sobre todo, de Montevideo. “El agua de OSE no es potable, pero es bebible”, advirtió ante la prensa el ministro de Ambiente uruguayo, Robert Bouvier.
Previo a ello, el pasado 4 de mayo, el Ministerio de Salud Pública anunció un cambio en la normativa que regula la potabilización del agua por parte de OSE: aumentó los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700; y de sodio de 200 a 400, por el plazo de 30 días. Según reportó el portal, El Observador, para poder responder a la demanda, el agua se está mezclando con la obtenida de aguas abajo del Río de la Plata.
Esta decisión “viola” la Constitución y contradice los tratados de derechos humanos, denunciaron desde el Grupo de Ambiente y Derechos Humanos - Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de la Universidad de La República (Udelar), el pasado 10 de mayo. No fueron los únicos. En las redes sociales los reclamos con videos y fotos de agua amarronada saliendo de los grifos se hicieron virales.
Las medidas tomadas por el Gobierno de Lacalle Pou
Los pasos a seguir para hacerle frente a la crisis hídrica fueron anunciados el martes por la noche sin la presencia del presidente, Luis Lacalle Pou.
Estuvieron al frente, el director del Sistema Nacional de Emergencias, José María Delgado; los ministros de Desarrollo Social, Martín Lema; de Salud Pública, Rando; y de Ambiente y Bouvier. "Uruguay está pasando por su peor déficit hídrico desde hace 74 años, cuando se empezaron a tomar registros", reconoció Delgado.
El Gobierno adquirirá una planta desalinizadora diseñada por la Universidad Tecnológica de Montevideo (UTEC), que estará operativa desde la próxima semana.
Se llevará a cabo un convenio entre OSE y el Congreso de intendentes para agilizar las reparaciones de las pérdidas en las redes de cañerías.
Con el Ministerio de Economía se analizan incentivos para el “uso responsable del agua”.
Además, OSE habilitará una planta para la elaboración de sachets de agua, para distribuir en la población en situación de vulnerabilidad social. Se trabaja, además, en un plan alternativo de suministro de fuente seguro e inagotable de agua potable con una inversión de 250 millones de dólares, conocido como Proyecto Azaratí o Neptuno, cuestionado por ser una iniciativa privada.
Se realizará un monitoreo de los precios del agua embotellada y se instrumentará la operativa necesaria para una posible importación, en caso de ser necesario.
Estas políticas se suman a las ya tomadas hace una semana en torno a los centros de atención a la primera infancia (CAIF) de todo el país, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y las 467 escuelas de la zona metropolitana acceden hoy a agua embotellada de calidad óptima
. En el mismo sentido, se garantizará el acceso a dos litros por día, por persona, a embarazadas, menores de 0 a 2 años y enfermos crónicos, así como también a pacientes del Fondo Nacional de Recursos, dispuesto por el Ministerio de Desarrollo.
