El exitoso proyecto que logró reducir en casi un 50 por ciento el embarazo en adolescentes en el país, se enfrenta a un riesgo inminente de desaparición. La administración de Javier Milei mostró desinterés y se niega a renovar los contratos de los 709 profesionales que integran los equipos interdisciplinarios del programa, cuyos contratos vencen la próxima semana. Estos profesionales están distribuidos en diversas áreas de la salud sexual y adolescente, tanto a nivel nacional como en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y más.
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El Programa ENIA, cuyo nombre responde a "Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia", demostró ser un modelo en Latinoamérica gracias a su efectividad en la reducción de embarazos no planificados en jóvenes de sectores vulnerables. Esta iniciativa, que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri y fue profundizada bajo el mandato de Alberto Fernández, mostró resultados contundentes en un corto período de tiempo.
La clave del éxito del programa radica en proporcionar a las adolescentes vulnerables espacios de asesoramiento en anticoncepción, donde tienen acceso a métodos de larga duración como el implante subdérmico.
De esta forma, se les permite continuar con sus estudios secundarios sin el riesgo de enfrentar un embarazo no deseado. Además, el programa incluye el fortalecimiento de la educación sexual integral tanto en escuelas como en sus barrios.
Sin embargo, la continuidad de este programa tan importante está en peligro si no se renuevan los contratos de los profesionales que lo ejecutan. Estos profesionales desempeñan un papel fundamental en la implementación del programa en escuelas, centros de salud y municipios en 12 provincias argentinas.
El Plan ENIA fue posible gracias a una inversión anual de 2300 millones de pesos, que se destinan principalmente a recursos humanos profesionales que brindan servicios educativos y de salud a la población adolescente. Asimismo, el programa cuenta con un consejo asesor conformado por organizaciones de la sociedad civil, expertos y organismos internacionales como UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
A pesar de los resultados positivos y el reconocimiento internacional, la falta de renovación de contratos para los profesionales del programa podría conducir a su desaparición en cuestión de días, lo que representa un grave riesgo para la salud y el futuro de miles de adolescentes en Argentina.
Posible ola de despidos: El Gobierno evalúa no renovar el contrato de 70 mil empleados estatales
El domingo 31 de marzo finalizan 70.000 contratos en el Estado y desde la Asociación de Trabajadores del Estado advierten que el Gobierno no los renovará.
Ante la inminente expiración de 70.000 contratos estatales el próximo domingo 31 de marzo, la tensión en el ámbito laboral en Argentina alcanzó un nuevo nivel. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten que el Gobierno no tiene previsto renovar estos contratos, lo que podría resultar en una ola de despidos masivos que afectaría a miles de trabajadores en todo el país.
Como respuesta a esta situación, ATE convocó a una movilización para el próximo viernes y anunció la implementación de nuevas medidas de protesta durante la semana siguiente, en protesta por los significativos recortes salariales que se acercan.
"El 30% del total de personal del Estado nacional está quedando afuera al 31 de marzo, por eso el viernes hay una segunda movilización", expresó Tano Catalano, secretario general de ATE Capital.
Mientras tanto, el funcionario José Luis Espert, conocido por su propuesta económica radicalmente libera, reafirmó su postura con respecto a los recortes en el Estado. Se espera que su plan de reducción del gasto público, apodado "plan motosierra", cobre fuerza en este contexto de incertidumbre para los trabajadores estatales.
Los despidos ya comenzaron a materializarse, con alrededor de 11.000 trabajadores ya afectados en el sector estatal. El Gobierno, por su parte, confirmó la implementación de medidas de recorte en instituciones clave como el INCAA y el Ministerio de Capital Humano, lo que implica la pérdida de más de mil empleos adicionales.
Se espera que en los próximos días se oficialice un plan de despido más amplio, que afectaría a organismos como el Ministerio de Economía, la Secretaría de Cultura, el SENASA, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta última institución, en particular, alertó sobre el riesgo de cierre de estaciones meteorológicas como resultado de los recortes, lo que representaría "una pérdida de soberanía" y capacidad de predicción climática a nivel nacional.
