Cristina se defiende dentro del sistema judicial. Interpone recusaciones contra fiscales y jueces que son decididas por instancias judiciales superiores dentro del mismo sistema. Pero ocurre que el propio sistema está viciado. Y no es una novedad. Pero es un dato insoslayable.
Gran parte del fuero federal que decide sobre las causas que estructuran el Lawfare, tienen serios problemas en su designación, ética, comportamiento ajustado a derecho e imparcialidad.
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La cancha esta más que inclinada y este en un esquema que se repetirá, no sólo en lo que concierne a la vicepresidenta. ¿O acaso ustedes vieron a Macri, Bullrich, Larreta y /o a cualquier otro funcionario macrista en el banquillo de los acusados presenciando audiencias judiciales o siquiera prestando indagatorias por los tantos reproches penales que los involucran?
Y no estoy diciendo que debieran estar presos, de ninguna manera, porque el estado de derecho debe garantizar para cualquiera el debido proceso y la libertad frente al mismo hasta una condena firme. Salvo que haya peligro de fuga o pueda entorpecer la causa. Como Pepín Rodríguez Simón, el prófugo de la mesa judicial macrista que pasea en el Uruguay.
Volviendo a la intención proscriptiva evidente contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, la última noticia es el rechazo de las recusaciones interpuestas por la defensa de la vicepresidenta.
Ahora bien, el TOF 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini rechazaron de plano sus recusaciones. El propio Gorini tiene en su haber reuniones con Patricia Bullrich mientras era ministra de seguridad en 2017, hay que prestar especial atención al dato de la visita realizada el 17 de mayo a las 12 hs. donde el motivo de la visita dice textual: corrupción.
En este contexto quiero recuperar un documento fulminante emitido en 2021 por la Comisión interamericana de Etica judicial que demolió en su décimo quinto dictamen los argumentos de impunidad del Poder Judicial argentino, frente a las por entonces visitas que los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky hicieran al ex presidente Mauricio Macri en Casa Rosada y la Residencia de Olivos.
A través de un documento de 11 páginas, subdividido en 50 puntos, la Comisión analiza si tiene implicaciones èticas la conducta de altos magistrados penales que frecuentan socialmente al Primer mandatario en reiteradas oportunidades mientras en sus órganos jurisdiccionales se sustancias causas donde se investigaba el desempeño de altos funcionarios de gobierno, sin apartarse de las mismas y rehusando tal posibilidad.
El material al que accedimos es la respuesta a la consulta elevada por una jueza de la casación, Angela Ledesma, integrante del máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema y presidido, aunque usted no lo crea, por el propio Hornos hasta el año pasado. Su sucesor en el cargo, el juez Alejandro Slokar, suscribió un oficio contra los togados amigos de Macri y dijo, antes de asumir la presidencia de la casación: “consideré imperioso no callar, porque se comprometía la situación del conjunto. Y en más de una oportunidad señalé que no soy juez de jueces, ya que ello quedó en manos de magistrados y del propio Consejo de la magistratura”.
Si bien la Comisión Iberoamericana “no tiene competencia para resolver cuestiones individuales ni interferir en el debate político ni en las actuaciones de los órganos disciplinarios o éticos de los miembros del sistema judicial iberoamericano”, su dictamen podría animar la voluntad de los consejeros de la Magistratura para reimpulsar el trámite disciplinario contra Hornos y Borinsky.
La importancia de este pronunciamiento de la Comisión Iberoamericana de Etica Judicial es tanto o más crucial que la recusación que tramitan las defensas de los acusados en la causa Vialidad contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, tras conocerse esas fotos donde lucen vestimenta deportiva como miembros de un equipo de fútbol que competía en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.
Esto es así porque Hornos y Borinsky, son miembros de la sala IV de la Casación, junto a Javier Carbajo. Y, atención, es en ese tribunal donde tramitan las apelaciones que hagan las defensas sobre el rechazo del TOF 2 que ya dijimos, está presidido por el propio recusado Gimenez Uriburu y animado por las coucheadas intervenciones de Luciani.
Volviendo al informe de la Comisión, en su punto 28 asevera que: “las reuniones de jueces y responsables políticos pueden afectar a la separación de poderes como principio básico del Estado de Derecho por lo que, tal como se ha visto, algunos ordenamientos constitucionales y legales en Iberoamérica prohíben este tipo de actos y los someten a autorización y pueden tener consecuencias disciplinarias para quienes incumplan tales normas". Remember Borinsky jugando al paddle con Macri.
El punto 38 del mismo documento y, recordemos que esta consulta fue elevada por una magistrada de la Casación, dice que “para los supuestos en que se vea comprometida la imparcialidad existe la obligación legal y ética del juez de abstenerse o de admitir la recusación que se le formule por las partes. En este supuesto no hay duda que el trato con una de las partes implicadas en el proceso, con anterioridad o con mayor razón al mismo tiempo que se están desarrollando, determina la inhabilidad legal y ética del juez de seguir conociendo del asunto”.
La conclusión de este documento llega en el punto 50: “no resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito de gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras aúlicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado” finaliza la Comisión Iberoamericana de ética judicial.
Luego de expuestos estos argumentos irrefutables cabe preguntarse ¿por qué ningún consejero de la magistratura pide a casación este documento de la Comisión?. Podría de esta manera comenzarse un camino disciplinario sobre los actores del Lawfare.
Lo interesante de todo esto, además, es que este dictamen es extensivo y lapidario para toda la jurisdicción; incluirá entonces a todos los jueces y fiscales futbolistas y jugadores de paddle en Olivos y coso.
