Por eso, el repulsivo acto que organiza su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, para esta tarde en la Legislatura aterra. No son nada más que loquitos. No están improvisando. La reivindicación de los militares que cayeron en enfrentamientos armados contra agrupaciones guerrilleras no es inocente ni cuaja bajo la explicación de los mandamientos cristianos.
La violencia nunca es una abstracción. Los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes de la dictadura y los juristas, acá y en todas partes del mundo, se cansaron de explicar que no se puede empardar el terrorismo de Estado con un asalto a un cuartel o un atentado de una célula o comando de militantes armados en los 70.
La Teoría de los Dos Demonios ha servido para igualar el plan sistemático orquestado desde el Estado para aniquilar la resistencia obrera a las apetencias de los grupos económicos. Es decir, las grandes empresas fueron autoras intelectuales y financistas de los militares que secuestraban y desaparecían personas en Argentina y la región para avanzar con reformas estructurales de la arquitectura jurídica y la timba financiera que les permitieran enriquecerse más.
En ese sentido, los libros de Historia y Derecho advierten que una cosa son los crímenes de lesa humanidad, cuya concreción atenta masiva y sistemáticamente contra la población civil por parte del aparato represivo, y otra son los delitos comunes. No hay, ni puede haber paralelismo: la igualación se traduce como relegitimación de la violencia genocida.
De ahí que se les impute negacionismo a los organizadores de estos eventos crueles y dolorosos para la sociedad argentina. El negacionismo es el desconocimiento de una verdad jurídicamente comprobada. La operación ideológica de la derecha es recuperar la retórica de la Guerra Fría y, en ese acto, pretende encubrir sus verdaderas intenciones: volver a la crudeza sanguinaria de Margaret Tatcher, bajo el sedazo cultural del Consenso de Washington y el exterminio de cualquier vestigio popular que se oponga a la conversión de estas pampas en una colonia de esclavos en pleno siglo XXI. O sea, propugnan el retorno a la persecución de los 70', pero con Netflix para entretener y litio y petróelo a granel para extraer.
No hay que desatender, por lo demás, que la táctica cobra efectividad toda vez que el 60 por ciento del padrón tiene alrededor de 40 años y la mayoría tal vez no conozca o desmerece los testimonios de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, nietos que recuperaron su identidad y sobrevivientes que narraron la verdad histórica en los juicios. La llama de la memoria alumbra menos cuanto más se alejan las generaciones actuales del calvario de sus ancestros y la lógica de los medios masivos y las redes sociales y sus fugacidades conspiran contra los relatos que mantienen viva la transferencia de la experiencia histórica de lucha.
Sobre ese vacío intervienen los perversos envenenadores de conciencias. No es casual que el sábado pasado se cumplieran 20 años desde que Néstor Kirchner promulgara la Ley 25779, cuyo articulado derogaba las leyes de Nulidad, la de Obediencia Debida y Punto Final. Desde entonces, se realizaron más de 300 juicios y se condenó a más de 1100 genocidas.
*Por Cynthia García y Pablo Dipierri
