El Gobierno intenta hacer equilibrio entre el ajuste fiscal en marcha y la necesaria recomposición de ingresos. Mientras recibe críticas por los casi 40 mil planes sociales suspendidos por considerarlos “incompatibles” con las Becas Progresar, dio indicios sobre el pago de una suma fija por tres meses para unos 2 millones de personas en situación de indigencia que no perciben ningún tipo de ayuda oficial.
Esta semana al publicarse en el Boletín Oficial los alcances del denominado “dólar soja”, con el que el estado beneficia al agro para que se acelere la liquidación de la cosecha de granos con el objetivo que el Banco Central pueda hacerse de más dólares, se incluyó un artículo que prevé que con la recaudación excedente se pueda pagar una “prestación” para la población indigente.
En las organizaciones sociales estiman que alcanzaría a un universo de 2 millones de personas. Pero, aducen, están a la espera de la oficialización de la medida para constatar cómo se va "a operativizar". Aunque no hay ninguna otra información oficial, en las últimas horas trascendió que sería una suma de unos $50 mil dividida tres cuotas y que comenzaría a abonarse desde el mes de octubre.
Apoyos y reclamos
El que salió a celebrar la medida fue el dirigente Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que hace tiempo presiona por la instrumentación de un salario universal, con mismo monto y similar alcance, y que la ve como el paso previo a la futura discusión de un ingreso contra la indigencia que impulsa en la cámara alta la senadora cristinista Juliana Di Tullio. En relación a esta iniciativa, las dudas no sólo están en el rechazo opositor sino en el acompañamiento que le pueda dar Economía en medio de un control del gasto.
Justamente el MTE salió a cuestionar el recorte de miles de planes Potenciar Trabajo a causa de un suspicaz cruce de datos que la semana pasada constató la incompatibilidad entre este beneficio y las becas Progresar. Es decir, ese filtro estaba hace tiempo pero llamó la atención que se ejecute justo cuando hay un control de los recursos y en plena auditoría de planes impulsada por Desarrollo Social.
Para Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la situación es crítica y advirtió que “si no obtenemos respuesta concreta sí o sí vamos a la calle. Algunas compañeras están hablando con el ministerio para dar solución lo antes posible. Pero queremos dejar en claro que no es incompatible trabajar y estudiar. Siguen ajustando abajo”.
Los perjuicios fueron muchos porque casi 40 mil beneficiarios se quedaron sin dinero por las tareas realizadas durante agosto que se tenían que depositar a comienzos de septiembre.
“A muchas compañeras que contaban con ese dinero porque ya cumplieron con su trabajo, ellas saben que el 5 de cada mes cuentan con ese dinero para pagar alquiler, impuestos o comprar comida. Encima les dieron la baja al Potenciar, ni siquiera solo al Progresar que es de menor ingreso”, completó la dirigente. Esta última crítica fue compartida por el secretario general de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro.
