El pasado 4 de octubre, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti brindó una charla virtual, organizada por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Allí expuso sobre diversos temas vinculados al rol de la mujer y el medioambiente, pero se tentó y se enroscó con su propia lengua.
“La cuestión ambiental es un cambio de sistema político, económico y social. Es la idea de que estamos ante un fin de ciclo. El modelo de desarrollo desde la Revolución Industrial hasta ahora llegó a un límite y ese límite es lo que denominamos el colapso ambiental o la decadencia”, expresó. Y engolosinado, siguió: “ya no se discute entre derecha e izquierda, se discute si vamos para arriba o vamos para abajo, y la verdad es que en la Argentina estamos yendo para abajo hace muchos años, como lo demuestran los índices tremendos de pobreza”.
En otro pasaje de su intervención, el ex presidente del Máximo Tribunal agitó la clave de la reacción ante el estado de situación. “Me llama la atención que, mientras nosotros estamos en un descenso permanente, seguimos discutiendo cosas como si nada pasara y como si estuviéramos en un barco que navega con un futuro promisorio, cuando en realidad estamos todos muy claros que se asemeja más al Titanic. Esta desconexión entre las instituciones y lo que se está viviendo afecta la credibilidad institucional, incluso la del Poder Judicial”, dijo, y aseveró: “tenemos que señalar que la polarización, como está planteada, es un discurso agotado”.
La gravedad es indesmentible: uno de los cuatro jueces que se sienta en el estrado que garantiza el lawfare, está cifrando el final de un modo de hacer política, le atribuye la inminencia de una tragedia y alerta sobre un deterioro en la credibilidad de las instituciones que la propia cabeza del Poder Judicial se esmera en demoler.
Pero, para peor, estos hechos no pueden observarse de forma aislada. Ayer nomás la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó la recusación pedida por Cristina Kirchner sobre el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani. Increíble pero real, los dos magistrados que jugaban al paddle con Mauricio Macri defienden al histriónico fiscal que jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de la familia Macri, con el juez del tribunal que juzga a la Vicepresidenta.
Y por supuesto que también podría recordarse que el actual mandamás de la Corte, Horacio Rosatti, volteó la composición del Consejo de la Magistratura en diciembre para presidirlo él. O sea, el capo de Talcahuano controla desde la cima el órgano que supervisa el accionar de los jueces.
Hace 10 días, como si fuera poco, el Departamento de Justicia de Estados Unidos organizó junto con la Procuraduría de Mendoza una convención para jueces y fiscales argentinos en tierras cuyanas. El objetivo es dotarlos de herramientas para investigar casos de corrupción en articulación con las usinas de información norteamericanas.
Y los próximos 18 y 19 de octubre, la embajada estadounidense en Buenos Aires con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un apéndice de la OEA, darán un cónclave de magistrados en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Para esa actividad en el emblemático edificio donde funcionara antiguamente el Correo y se recuperó bajo el gobierno kirchnerista, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura acordaron ceder el Salón de Honor. El título del seminario es “La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal en Argentina”. El problema es que lo organizan los mismos pulpos que subordinan a los países que no se bancan la rodilla del imperio en la nuca.
Como dicen en el barrio, cartón lleno: el Poder Judicial no se detiene en su labor desestabilizadora. La política sigue con la almohada pegada a la cara.
