El fallo de los cuatro jueces a favor de Horacio Rodríguez Larreta en el litigio por los fondos que Alberto Fernández decidió girar en 2020 a la Provincia de Buenos Aires para afrontar la crisis con la Policía Bonaerense no constituye un hito aislado o inesperado, y mucho menos obedece al arbitrio de los ministros que le dieron la razón a la Ciudad. La realidad es que Héctor Magnetto, el gerente del Grupo Clarín y uno de los cerebros de la conducción política del poder económico en Argentina, prefiere al frente de la Casa Rosada, o por encima de ella, a Horacio Rosatti o cualquier magistrado que garantice los privilegios de los suyos.
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Por eso, el supuesto desacato, tal el nombre que eligieron las corporaciones mediáticas para bautizar la resistencia del Frente de Todos a someterse mansamente al delirio jurídico, es una iniciativa en el sentido correcto. El oficialismo no está atacando la división de poderes sino que está defendiéndose de la concentración del poder: la Corte oficia como reaseguro y brazo ejecutor de los designios del empresariado.
Es decir, en el Palacio de Tribunales está domiciliado formalmente el poder del Grupo Clarín, los exportadores, las multinacionales, los bancos y las cámaras patronales de la Construcción y el Comercio. Desoyendo la resolución, el Gobierno trae a la luz la mueca de los que mueven esos hilos.
No hay que olvidar que en 1945, antes del mítico 17 de octubre, los opositores socialistas y radicales junto a la oligarquía terrateniente impulsaban la tentativa de que la Corte Suprema se hiciera cargo del Ejecutivo. No importa cuando se lea esto, los dueños del país aborrecen de los gobiernos ungidos por el voto popular si desobedecen la hoja de ruta económica que ellos promueven y harán lo posible porque uno de los suyos o sus mandatarios ocupen el sillón de Rivadavia, lleguen por el saldo de las urnas escrutadas o cualquier componenda que se les ocurra.
Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte
Ni lerdo ni perezoso, el general Juan Domingo Perón dispuso el juicio político a esa Corte y al Procurador en 1946, luego de ganar las elecciones. En 1947, el Senado expulsó a los togados y el peronismo prevaleció.
En 2003, el propio Néstor Kirchner hizo una cadena nacional para anunciar el juicio político a la Corte de la mayoría automática menemista. El temor al escarnio público hizo que los jueces más recalcitrantes renunciaran antes y el Frente Para la Victoria reformó el tribunal con incorporaciones valiosas.
Sin embargo, la iniciativa kirchnerista prosperó, más allá de la audacia y la valentía políticas, porque la sociedad estaba movilizada contra esa Corte y hasta Clarín apoyaba ese reclamo que demandaba transparencia contra la impunidad que el 4º Piso de Talcahuano le prodigaba a los dirigentes políticos corruptos y sus corruptores.
En la actualidad, el sentido se invirtió. La Corte es, por bombardeo noticioso incesante, el último bastión de la República y el kirchnerismo, una banda de forajidos asociados a la corrupción.
Tal vez, la tarea militante de la hora sea, simplemente, dar la pelea. Aun cuando el resultado no le devuelva la sonrisa al peronismo en lo inmediato, a veces hay que hacer lo que hay que hacer y no lo que indican los focus group o el marketing político. La Justicia Social es una lucha sin final.
