Por primera vez después de la dictadura, la presidencia de Chile se debate entre la ultraderecha y la izquierda, poniendo fin a 30 años de convivencia entre los dos bloques de centroderecha y centroizquierda. El pinochetista José Antonio Kast del Frente Social Cristiano se impuso con el 27,95% de los votos ante Gabriel Boric, que consiguió el 25,7%. Todo se definirá en el ballotage del 19 de diciembre.
Los casi 30 puntos logrados por Kast dan cuenta que el ideario del dictador Augusto Pinochet sigue presente en el pueblo chileno creador de recetas económicas aún vigentes y cuya Constitución Nacional recién este año comenzó a ser revisada por una Constituyente gracias a las revueltas sociales.
Boric tiene 35 años, la edad mínima para postularse a la presidencia en Chile. El candidato emergió de las luchas estudiantiles y el estallido de 2019. El joven propone un Estado de bienestar y dejar atrás el modelo económico neoliberal. Por su parte, el ultraderechista Kast, de 55 años, promete "orden y seguridad" tras dos años turbulentos.
El candidato de la derecha radical apuesta por una disminución del gasto fiscal, desregulación de los mercados y privatización de empresas. Además, el exdiputado plantea un aumento de la edad de jubilación de los trabajadores y el monto de las cotizaciones. En sus declaraciones dio cuenta de su "antiargentinismo", acusando al país de robar territorios de manera histórica a Chile.
Por su parte, el izquierdista propone un Estado de bienestar con un sistema de protección social que garantice derechos básicos universales, aumentar el gasto fiscal e incrementar la carga tributaria en más o menos ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en un horizonte de seis a ocho años.
Boric promete la reactivación económica a través de políticas pro empleo con incentivos para la contratación de mujeres. Además planea crear un impuesto a las grandes fortunas del país, aplicar un royalty minero a las grandes mineras, y crear nuevos tributos, medidas que en su conjunto permitirían aumentar la recaudación fiscal para financiar su agenda social.
