La situación fiscal en Argentina sigue delicada, con una continuidad de trece años al hilo con cuentas públicas en rojo. Las exigencias de convergencia fiscal del programa con el FMI colisionan con la escasez de recursos tras el impacto de la sequía. El componente excepcional de la construcción del gasoducto exigió al bloque de erogaciones de capital, que siempre suele presentar estacionalidad en los años impares. Todo esto se combina con el condimento de un proceso electoral muy largo, que le pone un piso a las partidas con mayor incidencia política.
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El gasto público consolidado registró una caída en siete de los nueve meses del 2023 con datos disponibles. Incluso en agosto y septiembre, meses electorales por excelencia, el gasto se contrajo 5,9% promedio real. Viendo la onda larga, se trata de un proceso que tuvo inicio con el recambio de autoridades en el Ministerio de Economía, cuando Martín Guzmán le colgó los botines al Presidente y se produjo un viraje en la política fiscal. En julio del año pasado el primer mojón de moderación fiscal lo puso Silvina Batakis con un programa muy restrictivo que calzaba las erogaciones nacionales con las proyecciones reales de caja. En igual sentido, anunció el congelamiento de la planta de personal en el sector público junto con la puesta a punto de un sistema de cuentas únicas para centralizar las prioridades del gasto. El interregno Batakis duró solo un mes, pero Massa mantuvo los lineamientos de este programa. Sin los impedimentos políticos que sufría Guzmán, quien debía sobreactuar su vocación expansiva, Massa puso en cuadro la política fiscal con un fuerte recorte de partidas para la gran mayoría de funciones del sector público. El punto máximo de austeridad se dio sobre el cierre del año pasado, cuando la caída del gasto superó el 20% contra la inflación.
El bloque de “prestaciones sociales” es el más relevante del presupuesto nacional. Representa un 54,6% del gasto y se compone por mayoría de cuentas ajustables por inflación, a través de la fórmula de movilidad previsional u otro tipo de mecanismos de indexación. En este segmento se presenta un recorte real del 5,5% con datos al tercer trimestre del año. Este ajuste hace buena parte del “trabajo sucio” para evitar que el déficit se dispare, dada su alta incidencia y su gestión centralizada en la órbita de la administración central. El desglose de las prestaciones sociales muestra para los primeros tres trimestres 2023 un ajuste real del gasto jubilatorio del 7,4% y de las asignaciones familiares (incluida AUH) en el orden del 27,4%. Puede resultar paradójico que este retroceso ocurra a pesar de tratarse de mayoría de rubros de gasto que se actualizan cada tres meses por inflación. La razón está en las características del proceso de súper inflación, que por su velocidad licúa mucho más rápido de lo que la fórmula recompone. El Gobierno compensa parcialmente sobre sectores vulnerables con transferencias discrecionales de ingresos, pero nada es suficiente frente a esta dinámica de precios agobiante.
Otro grupo importante de conceptos del gasto es el de “subsidios económicos”, donde se contabiliza el esfuerzo que hace el Estado Nacional para abaratar el costo de vida de las familias de segmentos medios y bajos. En los últimos meses se avanzó en un proceso gradual de normalización tarifaria, en el marco de un programa con el FMI que exige sincerar los precios relativos. El gasto por subsidios económicos retrocede 23% en relación a la inflación para los primeros tres trimestres del año. Se explica casi en su totalidad por una menor cobertura del Estado sobre los servicios energéticos, cuya incidencia se redujo en casi 0,2 puntos del PBI entre 2022 y 2023. Son menos subsidios para sectores residenciales medios y altos, tanto como para industrias y comercios. Dependiendo del consumo, este año ya se registraron aumentos en las tarifas de gas natural y electricidad de hasta el 300% en el área metropolitana del AMBA, pero todavía resta camino por recorrer. En un contexto de restricción presupuestaria severa, esta distorsión sobre el sistema de precios no solo parece fiscalmente irresponsable, sino también éticamente cuestionable. Se trata de una mala focalización de recursos, con sesgo regresivo en el plano distributivo y consecuencias indeseables en términos de eficiencia energética.
El gasto de capital se mantuvo indemne al ajuste de las cuentas públicas. Se trata de transferencias a los distritos para obras de infraestructura, construcción de viviendas, saneamiento y demás. Al mes de septiembre el gasto de capital acumula una suba del 10,9% contra la inflación. Es así que su participación promedio como porcentaje del total asciende al 8,9% para el promedio de 2023, contra un nivel del 7,4% en igual periodo del pasado. Esta jerarquización redundó en que el gasto de capital alcance la mayor participación relativa en seis ejercicios. Durante el primer semestre, una parte significativa del incremento se debe a la inversión extraordinaria por el Gasoducto Néstor Kirchner. Los tubos cubren una extensión de 573 Km dividida en cuatro tramos. La construcción total del gasoducto y las otras obras complementarias implicó un costo por el equivalente a U$S 2.700 millones. Se financió con fondos públicos derivados del aporte extraordinario a las grandes fortunas del 2020 y rentas generales. Para la segunda etapa del gasoducto, que se extenderá de Salliqueló a San Jerónimo, se prevén aportes de privados que se benefician con la obra, como las empresas petroleras que aprovechan la mayor capacidad de transporte para su producción.
Agregados más módicos como las transferencias a provincias y universidades nacionales tienen un menor peso relativo. Entre ambos bloques explican menos del 10% de las erogaciones totales. Los números para lo que va del 2023 son disímiles, con un recorte del 2,2% real sobre Provincias y una mejora del 4,7% sobre Universidades. Nada de esto mueve mucho la aguja en el corto plazo, a pesar de su dimensión simbólica y política, dada la trascendencia institucional de los perceptores de estos fondos.
Otro aspecto relevante tiene que ver con la continuidad del programa con el FMI, que exige una retracción del déficit primario al 1,9% en el año. El acumulado de este rojo al tercer trimestre ya asciende al 1,5%, pero restan los meses más exigentes del año, dada la estacionalidad del gasto. La nueva evaluación del EFF-2022 se hará con el resultado del balotaje sobre la mesa. Parece poco probable que el ganador de las elecciones tenga incentivos a patear el tablero, pero tampoco se ve margen para extremar la austeridad en un diciembre que se espera muy caliente. Hay margen para apelar a martingalas contables y poner en caja la meta de déficit 2023 apelando a los límites establecidos para la deuda flotante y pisando la ejecución en áreas no relevantes.
Massa pudo anclar mínimamente la dinámica fiscal por su fuerte validación política interna. Apenas asumió unificó la toma de decisiones económicas y se blindó a críticas internas, a pesar que aplicó un programa muy restrictivo. Hacia delante, el Ministro se comprometió a ir rápidamente hacia un superávit fiscal primario de un punto del PBI en 2024. Esto implicaría sobrecumplir el programa con el FMI y llegar a terreno positivo por primera vez en trece años. Sería una señal muy positiva para el mercado y un ancla para las expectativas. Pero no luce fácil. Paso a paso; la primera posta es cerrar este año sin nuevos sobresaltos macro.
