Esta mañana, el Gobierno que conduce Javier Milei, decidió anular todas las regulaciones fijaban límites a los aumentos mensuales de las tarifas de internet, telefonía celular y cable. La eliminación del rango de servicios "públicos, esenciales y estratégicos", posibilita que las compañías establezcan aumentos mensuales sin ningún tipo de intervención del Estado.
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La decisión se oficializó a través de la Resolución 13/2024 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), publicada este jueves en el Boletín Oficial. El organismo, actualmente intervenido, eliminó las regulaciones de la anterior gestión, a cargo de Claudio Ambrosini, las cuales fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual.
De esta manera, la normativa que lleva las firmas de los interventores Juan Martín Ozores (consultor y ex empleado de Movistar), Patricia Roldán; y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra, responde a lo planteado en el DNU 70/2023, que busca la desregulación de la economía, la normativa elimina resoluciones dictadas entre 2020 y 2023 que ponían topes a los incrementos.
Vale la pena destacar que lo establecido entra en vigencia a partir de la publicación de dicha disposición en el Boletín Oficial, lo que significa que impactará sobre los servicios a partir del mes de julio.
Según explica la normativa, de acuerdo a la Procuración del Tesoro de la Nación "el cambio de ordenamiento jurídico hace que deje de ser válido sin quedar totalmente extinguido". Por ese motivo fue necesario emitir otra resolución "que pronuncie su extinción, sea por la administración o por la justicia".
La justicia anuló la norma que declaró como servicio público a las telecomunicaciones
Un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sentencia que declaró la nulidad del DNU 690/2020 que había catalogado como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Esta decisión responde a un planteo original de la empresa Telecom Argentina, que presta servicios de telefonía, cable y acceso a internet, en el que cuestionó la constitucionalidad del decreto y planteó que hasta su dictado podía "fijar libremente los precios".
De acuerdo a los fundamentos, los efectos de transformar la actividad de las TICs en servicio público no satisfizo las exigencias de justificación que exige la Constitución. los camaristas dieron por cerrada la discusión sobre la cuestión de fondo y aceptaron los cuestionamientos impulsados por Telecom, una de las empresas afectadas, en cuanto a la inconstitucionalidad del DNU del año 2020 firmado por el entonces presidente Alberto Fernández.
Más del 50% de las familias ajustaron sus gastos en los servicios de internet, TV y streaming
La decisión del Gobierno nacional llega en medio de una brutal caída del consumo en cada uno de los sectores de la actividad económica. En este marco, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) informó que al menos el 67,5% de las familias argentinas, tuvieron que reducir sus gastos en los servicios de internet, mientras que otro 65,3% lo ajustó sobre el servicio de televisión paga.
Dicho estudio, analiza la conectividad de los hogares del país. "Frente a esta situación excepcional, los proveedores del sector, en su mayoría PyMEs y cooperativas, acompañaron a sus clientes con propuestas de descuentos y promociones especiales", declaró Ariel Graizer, presidente de la CABASE.
Además, explicó que las medidas adoptadas por el sector para contrarrestar el efecto del ajuste de las familias, se dan aún "cuando ellos mismos enfrentan condiciones del contexto económico, impositivo y regulatorio que inciden muy negativamente sobre sus resultados, su capacidad de inversión y la sostenibilidad de su operación a futuro".
